La galleguidad, muchas veces por encima de la solvencia, obsesionó el discurso de todos aquellos, y no fueron pocos, que mostraron la bandera para impulsar la mayor operación económica en la historia de la comunidad. La fusión de las dos cajas de ahorros. Y probablemente también la que desembocó en el mayor fracaso. Al nivel del Estatuto puso el presidente Núñez Feijóo la transcendencia del asunto, y de la máxima ley autonómica tiró también para cerrar la puerta a cualquier otra cosa que no fuera la boda entre la amenazada de intervención Caixa Galicia y Caixanova, con muchos menos problemas y combativa contra la integración. Pero fue adelante. Y ahí se incubó la enfermedad, la debilidad de un proyecto, que hoy contagia a su banco heredero, en proceso de resolución ordenada tras recibir más de 9.000 millones de euros públicos, como insiste el Gobierno central, y a los más de 60.000 afectados por preferentes y deuda subordinada, que ven cómo sus ahorros empiezan a vestirse de acciones sin valor conocido.
"Las decisiones estratégicas le corresponden a todo el pueblo gallego, que es su accionista", argumentaba el presidente de la Xunta en diciembre de 2009 durante un viaje por Latinoamérica en plena disputa por el no de la entidad viguesa. Después la caja única se hizo banco y por el camino se quedaron las competencias del Ejecutivo gallego. Su justificación también cuando salen preguntas sobre el papel que puede jugar en el puzzle del futuro de NCG. Que, como privado que es, sí, tiene sus propios accionistas. Pero no el pueblo gallego. El FROB al 100% ahora. En "semanas", alrededor de un 30% en manos de los ahorradores que involuntariamente "salvan" al banco, según Moncloa, y le dan esa galleguidad que guía todo lo ocurrido estos cuatro años y medio.
Las primeras emisiones se remontan a 1988. Los constantes intentos de los partidos políticos para limpiarse de responsabilidad en el drama sirven de poco ante la evidencia de las fechas que constan en las emisiones y en la abundante documentación acumulada por las plataformas de afectados y las asociaciones de consumidores que les asesoran. Lejos de ser un problema reciente, la colocación de estos complejos productos financieros entre minoristas se remonta a finales de los años ochenta. En 1988, concretamente, salieron las primeras subordinadas en Caixa Galicia. El resto se concentra entre 2003 y 2009. Lo que no quiere decir que en ese momento dejaran de venderse. Hay contratos en los meses siguientes, incluso en 2010, cuando el mercado estaba desinflado, fruto de las ventas concretas de clientes y la entrega por parte de la entidad a otros que desconocían aún la delicada situación de los híbridos. Durante ese tiempo, todas las formaciones políticas mayoritarias tuvieron tareas de gobierno en Galicia y en Moncloa, con la correspondiente alternancia también en la elección de los responsables de supervisión.
El 77% de los híbridos de NCG está colocado entre minoristas. Lo que da una imagen nítida de la magnitud del problema. Esta misma semana, el secretario de Estado ponía por fin sobre la mesa las cifras del banco gallego. Hasta 38.500 titulares de preferentes con 903 millones de euros atrapados; 5.800 personas con 58 millones en subordinadas perpetuas; y 41.000 con deuda a vencimiento, que suma 857 millones. Parte de ellos cuenta con más de un producto, por lo que la suma total de afectados es "inferior". Novagalicia habla de 61.000 y un saldo de 1.542 millones, tras los 276 devueltos por arbitraje o sentencia Los inversores cualificados mantienen 545 millones. Tan solo el 23%.
El día en el que se necesitó el dinero y el mercado dio la espalda. A los empleados de las antiguas cajas les bastaba un par de horas en los años de bonanza para localizar nuevo propietario de los títulos si un cliente necesitaba recuperar su dinero. Claro que nadie esperaba lo que vino después. El estallido de la grave crisis económica en 2008 disparó las dudas sobre la estabilidad del sector financiero español. Sobre todo desde la intervención de Caja Castilla-La Mancha. Y ahí empezó a apagarse el brillo de los pasivos de las entidades, que presumían de elevadísimas remuneraciones -un máximo del 7,75% en el caso gallego-, aunque en la letra pequeña advierten que el cupón deja de abonarse si pincha el negocio. Eso es precisamente lo que ocurrió en NCG el 12 de abril de 2012, cuando pasadas las doce de la noche comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las primeras pérdidas de su historia y la suspensión de los pagos en once emisiones. Antes habían saltado las alertas de familias gallegas que, acuciadas por la recesión, acudieron a la entidad en busca de su depósito y se encontraron la dura realidad de que eran propietarios de esta especie de pseudoacciones que nadie quería ya.
Las manos atadas para las entidades nacionalizadas. Los 8.000 millones de euros en híbridos de capital aún en vigor entre minoristas, según los datos aportados por el ministro de Economía, Luis de Guindos, representan solo una pequeña parte de los más de 20.000 millones contabilizados en mayo de 2011. Las entidades sanas no tuvieron más que abrir el bolsillo para ofrecer liquidez a sus clientes. Pero las reglas son distintas en las nacionalizadas. Como receptoras de ayudas públicas que son, las autoridades vetan cualquier movimiento de sus fondos para este tipo de canjes -de hecho, la devolución por arbitraje sale de los recursos propios de NCG y no del dinero europeo, registrado como provisión para sanearse-, a lo que se añade la exigencia de Bruselas de que el reparto de cargas por el rescate de una entidad también les toque de lleno a ellos.
El reparto de cargas para reducir la inyección pública hasta los 5.400 millones de euros. ¿Por qué NCG recibió 5.425 millones de euros de las arcas europeas si las necesidades que detectó Oliver Wyman en el test de estrés al sector superaban los 7.100? Toda ayuda de Estado tiene que cumplir, entre otros, dos requisitos fundamentales a ojos de la normativa europea. Que no se aporte ni un euro de lo estrictamente necesario y que el contribuyente asuma lo mínimo también. Por eso el plan de reestructuración de Novagalicia incorporaba la segregación del lastre del ladrillo a la Sareb -10.400 millones en bruto en activos, 5.100 en valor neto- y el "ejercicio de gestión de híbridos". Es decir, las quitas a preferentes y subordinadas y su canje. Con los descuentos, y según las cantidades que maneja el FROB, las pérdidas que absorben los tenedores rozan los 700 millones de euros. La conversión se hará por acciones para los productos perpetuos y el organismo da por hecho también que ésa será la opción en la mayoría de propietarios de deuda con vencimiento para evitar que el 1,5% de recorte mensual contemplado para ellos deje a cero el nominal. Son 1.107 millones, en línea con la estimación del FROB, que contabilizarán como capital de calidad en NCG y que permiten que la inyección no tuviera que ser mayor.
Un 30% de Novagalicia estará en manos, al menos temporalmente, de los afectados. El siguiente eslabón de la cadena de ironías que sigue el proceso. Los 1.100 millones de euros en acciones representan alrededor del 30% de Novagalicia en estos momentos, en función del capital social notificado por el FROB tras la inyección europea. Lo que entraba en los planes de las autoridades españolas y europeas, antes incluso de formalizar el respaldo público, con la posibilidad de alcanzar hasta el 40%, como consta en el term sheet que aglutina el ajuste de Novagalicia para adecuarse al Memorando de Entendimiento (MOU).
La aplicación, "en las próximas semanas". Es lo más concreto que ofrecen los implicados en el proceso. Oficialmente, este mes acaba el plazo para la gestión de los híbridos que se pactó con Bruselas.
Las mismas interrogantes de los tiempos para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Todo alrededor del futuro del FGD como comprador de acciones de Novagalicia y CatanlunyaBanc es una "estimación". Los trámites quedarían listos para que en junio empezara a hacerlo. Claro que sus recursos son muy limitados tras el respaldo a las subastas de CAM y Unnim y la derrama extraordinaria que se forzó con la banca sana para costear la liquidez de las preferentes no vendrá hasta la primera veintena de 2014. Y será además solo un 40% de los 2.000 millones de euros contemplados. El resto se reparte en los siguientes siete años. De ahí que el Gobierno haya avanzado que, al igual que con el nuevo sistema de arbitraje, la entrada de expedientes será paulatina, con prioridad para los casos más sensibles. Todos pasarán por una quita adicional que evite que lo que reciban se considere ayudas de Estado. Oficialmente, "un precio de mercado", que tasarán expertos independientes.
