Fomento destituye al jefe de Carreteras de Ourense investigado por presunta corrupción

El alto cargo habría realizado una "depuración" de empresas a las que se adjudicaban todas las obras - Era el responsable de contratar la conservación viaria en la provincia

16.03.2013 | 00:00

El Ministerio de Fomento cesó ayer al jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en la provincia de Ourense, Adolfo Güell, para "seguir adecuadamente" la investigación abierta por una presunta trama de corrupción en la gestión, que afecta directamente a la contratación e obras de mantenimiento y conservación de las diferentes vías de comunicación.

La Inspección General del Ministerio de Fomento lleva meses actuando, después de que una denuncia alertase de supuestas irregularidades, y que según explicaron fuentes del propio ministerio a FARO, se trata de una investigación con el "máximo rigor" para comprobar todos los extremos de la denuncia y proceder a adoptar las medidas necesarias.

Pero la investigación que realiza el Ministerio de Fomento no es la única que está en marcha, ya que la Fiscalía tiene abierta otra después de que se recibiese en la Fiscalía Anticorrupción dos denuncias, una en noviembre de 2012, y una segunda en enero de 2013, que no hacía más que ampliar lo que sería una "trama de corrupción" que señalaba directamente al jefe de la Unidad de Carreteras de Ourense, Adolfo Güell, como el principal responsable.

A este respecto, sería el propio Güell el que se habría encargado de realizar una "depuración" de las empresas a las que posteriormente se le adjudicaban obras de conservación y mantenimiento, como así lo revelan fuentes de la investigación, con lo que de la veintena de empresas que se reflejan en la denuncia, repartidas en cinco grupos aunque con vinculaciones entre todas ellas, se reducirían a cinco, que fueron las que coparon todos los contratos.

Lo que también habrían constatado en la investigación que está en curso, y que tiene como punto de partida la documentación aportada en las dos denuncias remitidas a la Fiscalía Anticorrupción, es que las "invitaciones" para optar a la contratación de las obras de conservación las remitía el propio jefe de la Unidad de Carreteras del Estado, con lo que realizaba esa "selección" , dejando fuera a otras.

De la amplia documentación que forma parte de las dos denuncias, y por lo investigado hasta estos momentos, existen suficientes indicios de la "relación" que existe entre el jefe de la Unidad de Carreteras de Ourense con un grupo de constructores y empresarios, aunque destaca la figura del empresario Amando Martínez Deaño, al que señalan como uno de los presunto coordinadores de la trama de corrupción.

De ahí que la investigación se centrase tanto en Adolfo Güell como en Amando Martínez, ya que junto con un grupo de constructores y empresarios formaría parte de esa supuesta trama de corrupción que desde 2009, según los datos de que disponen, vendría "repartiendo" las adjudicaciones de las obras de conservación y mantenimiento en las diferentes carreteras de titularidad estatal en la provincia. El montante económico estaría en los 8,5 millones de euros, aunque la cifra podría ser mayor.

Y aun cuando por parte del Ministerio de Fomento se elude entrar en valoraciones sobre aspectos relacionados con las actuaciones de la Inspección General, así como cuestiones que tengan que ver con la documentación que se revisa, quiso dejar claro que tienen el "máximo interés" en atajar la corrupción, con lo que responden a la petición realizada por parte del sindicato CC OO que reclamaba "beligerancia" ante la supuesta trama.

Proceso abierto

Desde el propio ministerio se aseguró ayer que la investigación interna que se realiza "prosigue adecuadamente", y que el cese del jefe de la Unidad de Carreteras de Ourense forma parte del proceso abierto. Sobre la investigación abierta por la Fiscalía, no hubo pronunciamiento oficial.

Una de las cuestiones que se investiga está relacionado con los libramientos económicos realizados durante 2012 de obras de conservación y mantenimiento que no se habrían realizado, y cuyo importe económico rondaría el millón de euros. Las denuncias que llegaron a la Fiscalía, como la que se hizo llegar al Ministerio de Fomento, podrían sobre la pista de como se realizaban las certificaciones. Sobre está cuestión, fuentes de la investigación advierten que en algunos casos se constata que dichas obras no se llegaron a ejecutar.

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