En paro, agotadas las prestaciones del Gobierno y con problemas para afrontar deudas a corto plazo y llegar a fin de mes. Es el perfil habitual de los ciudadanos que en el último año se han visto obligados a rescatar sus planes de pensiones privados, concebidos en principio como un complemento tras la jubilación, y que ahora se erigen como último salvavidas para evitar la quiebra familiar. En toda España, 95.000 titulares de estos productores han acudido a sus bancos para cancelarlos y exigir la devolución de los fondos invertidos y de ellos, 4.500 residen en Galicia, de acuerdo con los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) y la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (Adicae).
A medida que la crisis se ha agudizado y el paro ha ido engullendo proyectos vitales, el pago de la cuota del plan de pensiones se ha convertido en un gasto prescindible aunque su cantidad oscila entre los 50 y los 100 euros mensuales de media. Esos fondos constituyen una inyección de liquidez clave para evitar, en algunos casos, embargos.
