La inspección fiscal de la Xunta aumentó su rendimiento en un 24% en 2011, al abrir durante el ejercicio pasado 859 expedientes de sanción contra particulares y empresas que no pagaron sus impuestos. A todos ellos se les reclama por la vía ejecutiva, una vez que incumplieron con su obligación de liquidar los tributos en el plazo voluntario, la cantidad de 30,8 millones de euros.

Con respecto al año 2010, el salto en la actividad es sustancial. De 694 expedientes incoados se pasó al ejercicio siguiente a 859, lo que representa un incremento del 23,8%, y de las cantidades reclamadas por la vía de apremio se pasó de 22,5 millones de euros a 30,8, lo que supone una subida del 37%.

Estos datos han sido difundido por el Ministerio de Hacienda en virtud de la ley aprobada a finales de 2009 que regula el sistema de financiación autonómica que faculta a los inspectores del Estado para realizar una inspección sobre los servicios de recaudación de las comunidades autónomas. Lo que se controla es la gestión que hacen las autonomías de los tributos cedidos del Estado, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuestos de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y las tasas sobre el juego. Con los datos recabados, Hacienda elabora un informe que se incorpora a la documentación que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado.

La importancia de estas inspecciones fiscales queda reflejada en dos datos. El importe medio que se reclama por cada acta levantada asciende a casi 36.000 euros y la cantidad total exigida por la vía ejecutiva, con el recargo pertinente de la sanción, llega a los 31 millones de euros, lo que representa el 6,4% de la recaudación total obtenida en Galicia por la gestión de los tributos cedidos, que es de 485 millones de euros. En 2010, el porcentaje de la deudas tributarias reclamadas por la vía ejecutiva con respecto a los ingresos totales fue dos puntos inferior.

El mayor volumen de impago, tanto por la intención de cometer fraude como por desconocimiento o descuido, se registró en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Los inspectores levantaron 400 actas de infracción por un importe total de 18,2 millones de euros, que equivale al 7,3 por ciento de la recaudación que se obtiene en Galicia por este tributo.

En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se incoaron el pasado año 367 expedientes sancionadores por una cuantía de 12,2 millones de euros, igual al 7% de lo que se recauda en toda la comunidad.

Las inspecciones realizadas sobre el Impuesto de Patrimonio presentaron unos resultados mucho más discretos. Se abrieron 92 actas para reclamar el pago por deudas tributarias de 360.000 euros.

¿Cómo se identifica a los contribuyentes que van a ser objeto de una inspección? El azar no tiene nada que ver. No se trata de una cuestión de mala suerte para el afectado, sino que detrás hay una sofisticada herramienta informática que cruza los datos de numerosos registros y señala a los sospechosos de impagos. El sistema utiliza las bases de datos de la Agencia Tributaria, la Xunta, los registros civiles, las declaraciones fiscales o la relación de defunciones.