Desde que la Xunta diseñó su concurso eólico, el escenario económico y financiero ha sufrido un vuelco radical. La crisis ha provocado que los promotores tengan grandes dificultades para obtener financiación con las que costear sus proyectos, que la Xunta implantara un nuevo impuesto -el de Transmisiones Patrimoniales, que antes no aplicaba al sector- y que el Gobierno central suprimiera los incentivos a las energías renovables y creara un tributo por la producción de electricidad que gravará en un 6% la generación. En este contexto, la patronal eólica de Galicia (EGA) calcula que solo se ejecutará entre un 18% y un 20% de los 2.325 megavatios del concurso de la Xunta. El resto de los proyectos se frustrará por la imposibilidad de sacarlos adelante en las actuales circunstancias, tanto por las exigencias del marco retributivo, con más impuestos y la suspensión de las primas, como por la extrema dificultad para acceder a préstamos con los que financiar los planes industriales asociados y la propia construcción de los parques.

"Va a resultar muy, pero que muy difícil, ejecutar los proyectos. No dan los números. Incluso la construcción en sí de los parques, sin inversiones asociadas, tampoco lo tiene fácil", advierte la Asociación Eólica de Galicia. Según sus previsiones, a día de hoy y cuando en teoría el concurso entra en su recta final con el proceso de adjudicación definitiva, solo se podrá ejecutar como máximo el 20% de los parques previstos. Esto significa que de los 2.325 megavatios que la Xunta puso en el mercado en el año 2010, solo se construirán parques por 465 megavatios.

Para la patronal, fue un error que la Xunta señalara al sector eólico como el motor de la economía de Galicia y el principal revulsivo para salir de la crisis. "No se puede hacer caer en un único sector una responsabilidad como ésta", reprocha EGA.

Cuando se gestó el concurso y se procedió a la adjudicación provisional de los parques eólicos, hace ahora dos años, la Xunta indicó que las inversiones oscilarían entre los 5.000 y los 6.000 millones de euros, de los que la mitad correspondería a la propia construcción de los parques y la otra a los planes industriales asociados -cuanto mayor fuera el proyecto, más puntos se conseguía en el concurso para obtener megavatios-, mientras que los puestos de trabajo creados rondarían los 12.000.

La Consellería de Industria sostiene que los proyectos se están tramitando con normalidad, algo en lo que está de acuerdo la patronal eólica. Pero que otra cosa será cuando, una vez concluida la tramitación administrativa, se proceda a la adjudicación definitiva los parques. Y ahí será donde realmente se vea el compromiso real de las empresas promotoras, porque ya tendrán que pagar el Impuesto Patrimonial de Transmisiones, lo que supondrá 1,2 millones de euros por un parque medio de 30 megavatios. Si se niegan, entonces el importe tendrá un recargo del 75%.

El Gobierno gallego tenía el compromiso político de realizar la adjudicación definitiva en diciembre de este año, si bien el adelanto de las elecciones podría trastocar los planes, aunque desde la Xunta se considera que no habría incompatibilidad en proceder a la adjudicación en periodo electoral