Tras treinta años sin modificar las condiciones de adquisición de los medicamentos por parte de los beneficiarios de la Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer cambiar las reglas. La principal novedad es que por primera vez se introduce el copago para las personas con pensiones contributivas (unas 730.000 en Galicia), que será del 10% del importe de la receta con un tope de 8 euros al mes si la renta es inferior a 18.000 euros anuales y de 18 euros si supera ese límite. Además, los trabajadores activos verán como su aportación se eleva del 40% al 50% si ganan más de 18.000 euros al año, que se elevará al 60% si pasan de los 100.000 euros. Se paga por tanto, también por primera vez, en función de la renta.

Aunque el Gobierno había negado constantemente que fuera a aplicar el copago sanitario, como hace un mes lo hizo el presidente, Mariano Rajoy, cuando se declaró en contra de esta fórmula, lo cierto es que finalmente se optó por esta vía para "garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública".

Quedan eximidos de estos cambios los ciudadanos con pensiones no contributivas –que en Galicia son 46.000–, y los parados que agotaron el cobro de prestaciones –unos 113.000 en la comunidad autónoma–. Estos colectivos, juntos con los que perciben rentas de emergencia, como el Risga, no pagarán nada por las medicinas.

En cambio, sí lo harán el resto de pensionistas, con cantidades máximas que oscilarán entre los 8 y los 18 euros al mes en función de la renta. Esta decisión supondrá que en Galicia tendrán que incorporarse al copago algo más de 730.000 pensionistas, que representan el 26% de la población gallega. En cuanto a los trabajadores activos, solo se mantendrá la aportación actual del 40% en el pago de las medicinas para los que ganen menos de 18.000 euros al año y las familias numerosas. Para el esto, el porcentaje aumenta en función de los ingresos, con un límite máximo de 60 euros al mes en recetas.

Objetivo. Estas medidas se aprobaron ayer en el Consejo Interterritorial de Salud y forman parte una reforma más amplia que tiene por objetivo recortar en 7.000 millones el gasto sanitario en España y contribuir así a la reducción del déficit público. La ministra de Sanidad, Ana Mato, aclaró que no se implantará el copago sanitario (pagar a cambio de recibir asistencia médica) y que el abono de los fármacos en función de la renta no tiene afán recaudatorio, sino "disuasorio" para fomentar un uso racional de las medicinas. Solo con el copago la previsión de ahorro es de 3.700 millones de euros.

Apoyo de la Xunta. La reforma cuenta con el apoyo de la Xunta. La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, aseguró que comparte la "preocupación y el compromiso del ministerio para garantizar la sostenibilidad del sistema" porque la Xunta entiende que se está ante un momento delicado de la economía.

Tarjeta sanitaria. En un microchip insertado figurará la información fiscal de cada ciudadano y al presentarla en la farmacia indicará la cantidad que se debe pagar por cada fármaco en función del tramo de renta en el que figure su titular.

Cartera de servicios. Se revisará para que todas las autonomías presten la misma cartera de servicios para que no haya diferencias. Se van a mantener los tratamientos de fertilidad y las operaciones de cambio de sexo, pese a los debates previos sobre la conveniencia de eliminarlos de las prestaciones de la Seguridad Social. El ahorro previsto es de 500 millones.

Central de compras. El Gobierno quiere impulsar el proyecto de compras a gran escala para conseguir un mejor precio de los medicamentos al realizar todas las adquisiciones a través de una central única. Con esta medida se ahorrarían 1.000 millones al año.

Otras medidas. El Ejecutivo central pretende recortar el gasto farmacéutico entre 300 y 350 millones de euros con un bajada del precio de los medicamentos genéricos y su uso generalizado. Además, se elaborará un nuevo nomenclátor que permitirá recortar 400 millones y se homogeneizará el catálogo de categorías profesionales para establecer las equivalencias entre autonomías y facilitar la movilidad profesional, con lo que se ahorrarán 470 millones.

Autonomías. Las comunidades gobernadas por el PP dan su apoyo al Gobierno central, como resulta obvio. Pero en las demás, no es así. Andalucía rechazó todas las medidas propuestas por el Gobierno, pero las acatará y no protagonizará un acto de rebeldía. El País Vasco coincide en un 80% con las medidas acordadas, pero disiente con el copago implantado a los pensionistas. A Cataluña le parecen insuficientes y la próxima semana decidirá si retira la tasa de un euro por fármaco y Canarias replica que el modelo no le parece equitativo porque ha cumplido con sus obligaciones.

Otra de las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad para ahorrar costes consiste en bloquear la asistencia a los extranjeros, impedirles que sin derecho a ella se puedan beneficiar de las prestaciones de la Seguridad Social. Para ello, el Gobierno incorporará al Derecho español un artículo que "prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria", para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.

"Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto de que hay personas europeas que tiene más derechos sanitarios que muchos españoles", afirmó la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras concluir el Consejo Interterritorial de Salud.

De este modo, añadió, se pretende "acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España". En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros a las arcas públicas.

La decisión de modificar las leyes se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario.

Aunque sin tanto impacto, la Xunta tomó una medida similar en este sentido, al exigir un mínimo de seis meses de empadronamiento a los extranjeros antes de tener de derecho operarse o recibir consulta en los hospitales gallegos.

Cambios legales para acabar con el turismo sanitario