El caso de las preferentes está en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acaba de abrir las correspondientes diligencias para investigar si tras la comercialización del polémico producto existió un abuso por parte de las entidades financieras. De ahí que el proceso se centre ahora en el análisis de "toda la documentación", según confirman fuentes de la institución, donde recuerdan que todavía queda mucha por llegar. La previsión es que en "un mes o mes y medio" como muy tarde, el Ministerio Público pueda fijar su intervención en la polémica. La posible apertura de un proceso civil. Una demanda de cesación para evitar la venta de estas emisiones entre pequeños inversores si finalmente encuentra argumentos de la existencia de una mala práctica bancaria. Además, su intención es que una vez revisadas las quejas de los cientos de afectados que ya acudieron a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y a las oficinas del Instituto Galego de Consumo, el fiscal jefe, Carlos Varela, presentará sus conclusiones y las medidas posibles a tomar en una comparecencia pública.
La Fiscalía de Pontevedra abrió el camino cuando el pasado febrero inició una investigación ante el enorme revuelo social que protagonizaron y siguen protagonizando los colectivos que reúnen a compradores del sur de la provincia y las informaciones de prensa que alertaban de las supuestas irregularidades en las emisiones. Con la constatación de que los afectados se extendían por el resto de la comunidad, el expediente pasó a manos del TSXG, al que también estaba previsto que la Xunta recurriera tras la moción conjunta de los tres partidos políticos en el Parlamento que pedía, precisamente, su incorporación a las indagaciones.
La Xunta estima que en Galicia hay unos 43.000 pequeños ahorradores que cuentan con preferentes. De las 16 entidades con emisiones comercializadas aquí, Novagalicia –que confía en dar una solución en junio– reconoce 903 millones de euros entre minoristas. Una cantidad que, según la Consellería de Economía de Industria, se eleva a 1.080 millones. La demanda para interrumpir la comercialización iría por vía civil, aunque la Fiscalía de Pontevedra ya no descartó en su momento la penal como medio para acceder a los datos internos de las preferentes.
Más manifestaciones y asambleas informativas
Las plataformas de afectados por las participaciones preferentes y la deuda subordinada siguen adelante con sus protestas para reclamar la devolución del dinero retenido en las entidades financieras. El próximo jueves tienen convocada una manifestación en la sucursal de Novagalicia en Castrelos (Vig) y el sábado volverán a Santiago con una caminata hasta la sede de la CRTVG "para apoyar a los trabajadores", después de los incidentes que se produjeron en la televisión pública hace un par de semanas. Además, el domingo, en el Auditorio de Cangas habrá una asamblea en la que participará el abogado del colectivo.
Por su parte, Adicae organiza para los próximos días nuevas asambleas informativas "ante los numerosos casos que siguen llegando" en Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense y Lugo.
