El PP aprobó ayer en solitario en el Parlamento y por el trámite de urgencia la Lei de medidas en materia de emprego público. En el exterior unos 1.500 funcionarios se concentraron ante las puertas del Pazo do Hórreo para mostrar su rechazo al polémico proyecto. La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, justificó, sin embargo, estas medidas como "necesarias, oportunas e imprescindibles" ante la previsible caída de ingresos que tendrá este año la comunidad autónoma que, según explicó, entrará de nuevo en recesión y como garantía para mantener los servicios esenciales. Por su parte, PSOE y BNG acusaron al Gobierno gallego de "cercenar los derechos básicos de los trabajadores, "precarizar" su empleo y "deteriorar" la calidad de las prestaciones públicas .
Socialistas y nacionalistas acusaron además a la Xunta de "fraude de ley" por modificar los Presupuestos de Galicia "apenas 55 días después de su aprobación". "¿Qué ha pasado en el mes de enero para que ahora presenten este proyecto de ley?", preguntó el nacionalista Suárez Canal.
La explicación de la conselleira de Facenda fue que en los últimos meses se produjo un "empeoramiento de la situación económica". Muñoz recordó que el pasado mes de enero hubo una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Ministerio de Hacienda transmitió a las comunidades que deberían elaborar planes de ajuste. Rodríguez Miranda añadió que en esta reunión se advirtió ya a las autonomías que contasen con un decrecimiento del PIB del 0,5 por ciento. "En 2012 entraremos de nuevo en recesión", advirtió Elena Muñoz que además avisó de que esta situación "ocasionará una importante bajada de ingresos para la comunidad autónoma".
Rapidez
"El Gobierno tenía que tomar medidas con rapidez y anticiparse", argumentó la titular de Facenda. De ahí que presentaran una ley de recortes en la función pública que les permitirá ahorrar 80 millones de euros.
Además la conselleira argumentó que, aunque estas medidas suponen un "sacrificio" para los empleados públicos no conllevan una reducción en sus salarios, una medida que, según recordó, sí adoptaron otras comunidades autónomas como Valencia, Castilla La Mancha y Cataluña. De hecho, en estas comunidades los funcionarios también han salido a la calle para protestar.
Pero socialistas y nacionalistas no solo mostraron su rechazo al contenido de la norma sino también a la forma en que fue tramitada: se aprobó mediante el trámite de lectura única. "Es una intolerable degradación de la función legislativa", denunció el diputado del BNG, Alfredo Suárez Canal. El mismo reproche lanzaron los socialistas: "quieren poner una mordaza a la oposición", añadió el diputado del PSdeG, José Manuel Lage. Según sus quejas, la tramitación de este proyecto por el trámite de lectura única –se presenta en la Cámara y se vota en el mismo día, sin que el texto pase por comisiones para negociar enmiendas–, coarta el debate parlamentario y les impide incorporar sus propuestas.
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, aclaró, sin embargo, que los letrados de la Cámara habían avalado este procedimiento y los acusó de "filibusterismo parlamentario".
Pero, según la oposición, hubo más "irregularidades" en la elaboración de esta ley. Los nacionalistas recordaron que no cuenta con el preceptivo informe del Consello Económico e Social (CES) y el PSdeG explicó que los servicios jurídicos de la Administración autonómica dieron su visto bueno a un texto diferente del que después se aprobó en el Consello de la Xunta.
El popular Antonio Rodríguez Miranda justificó la "máxima premura" en la tramitación de esta ley. "Los rápidos cambios en la situación económica nos obligan a actuar con celeridad para garantizar la estabilidad presupuestaria y que no se vean afectados los servicios esenciales", explicó.
Y en el exterior, rodeados de un fuerte cordón de seguridad policial, unos 1.500 manifestantes, armados con bocinas y pitos, se manifestaron contra la "imposición" de los recortes y exigieron la retirada de la ley.
