Las facturas se acumulan en los despachos de Xunta, diputaciones y concellos. La caída de los ingresos fiscales y el tijeretazo a los presupuestos ha llevado a las administraciones a sobrevivir con unas cuentas cada vez más mermadas y a acumular un sinfín de recibos en el cajón, en algunos casos pendientes de pago desde hace cinco años. A sus proveedores les adeudan mil millones de euros.
La situación de ahogo financiero en el que se encuentran las arcas públicas desde el inicio de la crisis salpica también a los proveedores de las administraciones gallegas. En especial a las pequeñas empresas, que en Galicia arrastran una deuda del Ejecutivo autonómico, las diputaciones y los ayuntamientos por encima de los mil millones de euros. Este nivel de morosidad ha obligado a más de 300.000 autónomos en España, más de 20.000 en Galicia, a cerrar sus negocios desde mayo del año 2008, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
El informe de ATA del último trimestre de 2011 sitúa a Galicia como la quinta comunidad con mayor impago por parte de las administraciones con 1.037 millones, solo superada por Cataluña (2.708 millones), Andalucía (2.489), Comunidad Valenciana (1.729) y Madrid (1.615). Lejos de mermar la deuda pública con los autónomos, las facturas pendientes de pago han ido en aumento en los últimos meses. En relación al trimestre anterior, los trabajadores por cuenta propia en Galicia junto con los de otras diez comunidades tienen más recibos sin cobrar –en el caso de la comunidad gallega, nueve millones más que los 1.028 contabilizados en agosto (0,8%)–. Solo seis comunidades han logrado reducir los impagos públicos: Cantabria (-6,7%), La Rioja (-5,1%), Madrid (-4,2%), Extremadura (-3,1%), País Vasco (-1,3) y Navarra (-0,6%).
Pero la asfixia de los pequeños proveedores no solo viene por la deuda. Aunque la ley de morosidad obliga a la administración a pagar este año en 45 días –el tope el año pasado era de 50 días y para en 2013 será de 30– el plazo se incumple en el 90% de los casos, según advierten desde ATA. Solo el 11,8% de los autonómos cobra en menos de 90 días, el 36,7% debe esperar entre 91 y 180, y un 28,1% está pendiente de pago entre 181 y 364, mientras que un 23,4% arrastra recibos más de un año.
La radiografía del sector en España no es halagüeña si se compara con la de países del entorno. Solo las pequeñas empresas de Italia (188 días de media) y Grecia (175) se enfrentan a plazos de pago superiores a los que registra España (159).
Ante el elevado nivel de morosidad por parte de las administraciones pública que, según denuncia ATA, que condena a la quiebra a centenares de miles de autónomos, su presidente, Lorenzo Amor, reclama al nuevo Ejecutivo un régimen sancionador que permita inhabilitar a los cargos públicos que no cumplan con la legislación actual
