Solo 13 días después de la reunión entre la conselleira de Facenda y los sindicatos para presentarles el anteproyecto de Lei de Medidas no Emprego Público, la negociación para buscar el respaldo del sector a los ajustes se cerró ayer sin ningún acuerdo y con el rechazo unánime de los representantes sindicales a un plan que interpretan como un "ataque brutal e injustificado" al empleo público. La comisión de personal dio el visto bueno al documento con el voto en contra de los cuatro sindicatos (CC OO, UGT, CIG y CSIF) y el único apoyo de la Xunta, que hoy lo ratificará en el Consello para poder remitirlo de inmediato al Parlamento y comenzar a aplicar unas medidas con las que pretende ahorrar 80 millones.

El texto aprobado ayer, con todo, introduce modificaciones respecto al borrador inicial. La mayoría son cuestiones que clarifican la redacción de ciertos artículos, pero también cambia uno de los apartados más polémicos: la supresión del complemento por incapacidad temporal durante los primeros 21 días de baja. Si la intención inicial era mantener esta paga solo en caso de maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, el documento aprobado ayer introduce cinco supuestos más: intervención quirúrgica, hospitalización, riesgo por embarazo, riesgo durante la lactancia natural o paternidad. Además, para el resto de bajas la Xunta introduce un criterio progresivo en lugar de suprimir el complemento en su totalidad. De este modo, durante los tres primeros días (y si es la primera baja que solicita durante el año) percibirá el 50% del complemento, entre el cuarto y el vigésimo día el 75% y a partir de ese momento, ya el 100%.

Con estos cambios, la Xunta pretendía ofrecer un gesto a los sindicatos para propiciar un acercamiento. La propia conselleira de Facenda, Elena Muñoz, reconocía horas antes de la comisión de personal que éste era "el último intento de llegar a un acuerdo". Pero la modificación del complemento de incapacidad no respondió a las expectativas sindicales, que desde el principio exigieron la retirada completa del texto para poder iniciar de cero una "verdadera negociación" y poner sobre la mesa medidas de recorte en todos los capítulos del gastos público, y no solo en el de personal.

"No cambia nada, solo modula la percepción del complemento esos primeros 20 días", censura Ramiro Otero, coordinador de Área Pública de CC OO, que critica además que con los nuevos supuestos "se limitan a reconocer un derecho que ya recogen todos los grandes convenios". De la misma opinión es Fernando García, portavoz de CIG-Función Pública, que interpreta los cambios como un "intento de darle un barniz de cara a la opinión pública a un texto muy agresivo".

Pero además el borrador que aprobará hoy el Consello también introduce un nuevo recorte a los derechos de los empleados públicos al suspender una gratificación –consistente en tres mensualidades de salario– que percibía hasta ahora todo el personal laboral fijo en el momento de su jubilación. Desde Facenda justifican la medida aduciendo que, antiguamente, la pensión era "más baja y tardaba algún tiempo el cobrarse" por lo que, para compensar ese retraso, los trabajadores percibían una gratificación, algo que ya no es necesario. Además, recuerdan que otro artículo también suspende las ayudas por jubilación a los funcionarios y "lo que no tiene sentido es que se suspendan para ellos y queden para los laborales. Lo que se hace es igualar el régimen para todos".

Por todo ello, los sindicatos rechazaron ayer en bloque el anteproyecto de ley y pidieron a la Xunta que volviese a empezar de cero.

El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, insistió en que la intención de la Xunta era alcanzar un acuerdo, por lo que presentó una modificación que, según dijo, convierte a Galicia en la comunidad con "la mejor regulación de las condiciones de acceso a la incapacidad temporal". Argumentó que la administración recibió alegaciones de "diversos organismos" y atendió "demandas de funcionarios en este sentido". "Es una modificación que se puede estudiar perfectamente en la comisión de personal; ellos se negaron, volvieron a rechazar el proyecto y pedir la devolución", dijo.