La justificación de Novagalicia para el nuevo ajuste laboral que acaba de perfilar a los representantes de la plantilla descansa sobre un conglomerado de análisis económicos que se remontan al estallido de las hipotecas subprime del año 2007 y llegan a las evidencias de la vuelta a la recesión. La conclusión de sus directivos es sencilla. El plan de viabilidad de la entidad, esa hoja de ruta sometida a constantes matices a medida que cambiaban las reglas de juego para el sector, ya no sirve. "Está obsoleto", aseguran en el banco, que pide de nuevo "más esfuerzos" a los trabajadores para agarrarse al complicado futuro. Esas dificultades a las que se unen las debilidades internas y que, según quedó claro en el encuentro, no son pocas. De hecho, la tijera a la red exterior, con unos 110 cierres de oficinas que afectarían a entre 350 y 400 personas, intenta limar el volumen de explotación directo negativo que arrastra una parte de ellas. Pérdidas con la actividad ordinaria. Una situación en la que están hasta 160 sucursales, como trasladó Novagalicia y confirman Csica, CCOO y UGT.

Desde el otro sindicato con representación en la entidad, la CIG, recuerdan que en ese grupo bien podrían estar algunas de las oficinas ligadas a la ruralidad gallega y que "responden a la propia idiosincrasia de la geografía" del país. "Son datos interpretables", señala Clodomiro Montero. Algo que en todo caso ni José María Castellano, el presidente, ni César González-Bueno, consejero delegado, negaron durante la presentación del proyecto de Novagalicia preguntados expresamente por la cobertura de la dispersión poblacional en la comunidad. La realidad del negocio obliga a revisarlo todo.

El supuesto sobredimensionamiento de la red del banco viene ya desde la fusión. Entonces, entre las medidas indispensables para lograr la supervivencia de la entidad –algo sobre lo que hizo hincapié expresamente el Banco de España en las reuniones a puerta cerrada del Congreso para desgranar la evolución de las integraciones con ayudas públicas– figuraba el traspaso de unas 300 oficinas de Caixa Galicia en otras autonomías. Con negocio y plantilla. Los consejeros de Caixanova incorporaron incluso una cláusula que vinculaba su apoyo al matrimonio a que esa operación se llegara a efectuar. La CIG recuerda ahora esa premisa del famoso Plan Breogán –como se bautizó al proyecto– que como remedio a la imposibilidad de cederlas, la entidad optó por "concentrar unas y cerrar otras".

Precisamente el segundo ERE que se puso en marcha, todavía en vigor, aspiraba a reducir el personal en esta parte de la red. El sindicato nacionalista asegura que la dirección reconocía que la edad de los trabajadores vinculados a las oficinas externas –fruto de la etapa de expandió más fuerte, de la mano de la actividad inmobiliaria, y, por lo tanto, muy jóvenes– impedía que el primer expediente de las 1.200 prejubilaciones tuviera efecto sobre ellas.

El criterio de "rentabilidad" será el que mida qué sucursales de fuera se quedan y cuáles entran en las 110 clausuras. La dirección evitó detallarlas en la reunión del pasado lunes ante los sindicatos para evitar una "alarma" entre la plantilla, pero se ha comprometido a profundizar en los datos económicos de la entidad en próximos encuentros –el martes que viene es el siguiente– a cambio, eso sí, de que los portavoces sindicales firmen un contrato de confidencialidad para garantizar que no se filtra ningún número.

Como ocurre con prácticamente todo el sector, Novagalicia habló a los representantes de los trabajadores del lastre del ladrillo y del "deterioro" de la calidad de los activos. Junto con un elemento muy importante. Que, a diferencia de otros periodos y con las desinversiones millonarias que se realizaron para ganar músculo en EDP, Brisa o Pescanova, el banco ya no cuenta con las participadas como un colchón.