La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha defendido que la asesoría jurídica de la Xunta es la que tiene que hacer "la valoración jurídica" de las leyes y órdenes de decreto del departamento que dirige y, en el caso del requisito de seis meses de empadronamiento para entregar la tarjeta sanitaria a inmigrantes, ha remarcado que está avalado por estos servicios.
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras participar en una reunión con el alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, y preguntada por esta advertencia realizada por el Consello Económico e Social (CES), que habla de que podría ser ilegal, Farjas ha incidido en que esta medida --recogida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Galicia para 2008, aún por aprobar de forma definitiva en la Cámara autonómica-- cuenta con los "informes preceptivos" de la asesoría jurídica.
De esta manera, ha hecho hincapié en que "todas las iniciativas" que lleva a cabo la Xunta "son legales", y ha querido "poner encima de la mesa" la "garantía de excelencia" de los servicios jurídicos de la Xunta y del Parlamento, "como quedó muy bien demostrado, en el debate y la justificación" de la ley que regula el catálogo de medicamentos cuando el Gobierno central la recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así las cosas, Pilar Farjas ha subrayado que la consellería "seguirá trabajando a favor de las prestaciones de los ciudadanos, seguirá trabajando para luchar contra el fraude y seguirá exigiendo la responsabilidad a todos en los servicios sanitarios". "Esa es nuestra tarea y en eso estamos trabajando", ha agregado.
Además, la titular de la Administración sanitaria ha incidido en que la sanidad gallega es "pública, universal, gratuita y de calidad" y se prestan los servicios "de acuerdo" con las leyes vigentes y los acuerdos y convenios de atención. "Los gallegos, españoles, extranjero..., todos reciben asistencia en el marco legal que establecen los convenios", ha sentenciado.
