La estabilidad de las cuentas públicas y quizás el futuro del sistema de financiación autonómica se decide hoy en un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Las comunidades del PP acuden como un bloque común con varias exigencias bajo el brazo y Galicia como punta de lanza y líder de sus reivindicaciones. Piden a Moncloa que aplace la devolución de los más de 18.000 millones correspondientes a las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y que pague ya los fondos adicionales del sistema de financiación y no dentro de dos años, como considera que debe hacer Moncloa. Si no lo hace, las autonomías incumplirán el límite de déficit público para este año.
El PP escenificó su fortaleza con una reunión de los presidentes autonómicos con el líder del partido, Mariano Rajoy, en la que Alberto Núñez Feijóo ejerció como portavoz de sus reivindicaciones. "Si el Gobierno no quiere cumplir el sistema de financiación, no es razonable que le pida a las autonomías que cumpla un déficit imposible. Si cumple el acuerdo, entonces todos nos tendremos que poner de acuerdo para cumplir el déficit público", advirtió.
El año pasado, solo Galicia y Madrid fueron capaces de situarse por debajo del 2,4% de déficit. Otro año con los gobiernos autonómicos incumpliendo este tope –aunque para este ejercicio se rebaja al 1,3%– podría tener graves efectos sobre la economía estatal, en el punto de mira de unos mercados financieros que desconfían de ella, y con una deuda autonómica que supera los 121.000 millones de euros.
Los barones populares acordaron ayer un documento que recoge la mayor parte de las demandas planteadas desde hace meses por la Xunta. En primer lugar, exigen el aplazamiento del pago de las liquidaciones de los años 2008 y 2009 a diez años y no cinco –más otro de moratoria– como ahora, alegando que "no incrementará el déficit" y ofrecerá liquidez a las comunidades; el pago inmediato de los fondos adicionales del sistema y no a partir de 2013; y la creación de un sistema de avales por parte del Ejecutivo central para que las comunidades que cumplan el objetivo de estabilidad puedan emitir más deuda.
La cumbre de hoy adquiere importancia desde el punto de vista financiero, pero también político. En el horizonte aparecen las elecciones generales que Zapatero se niega a adelantar y los recortes sociales que deberá acometer la Administración para controlar el déficit, especialmente con la lupa de los mercados fija en España y Grecia. Feijóo, de hecho, dejó ayer tras la reunión una referencia a los comicios. "Si el Gobierno quiere agotar la legislatura está en su derecho, pero mañana tiene que haber acuerdo", indicó.
Moncloa no quiere pagar este peaje y las comunidades, donde ahora el PP tiene amplia mayoría, tampoco desean aplicar las tijeras en patas clave del Estado del Bienestar, como sanidad, educación y servicios sociales. De hecho, a las reivindicaciones del PP para aplazar la devolución de fondos se unieron Cataluña (CiU) y Asturias (Foro Asturias Ciudadanos).
Antes de la reunión, Mariano Rajoy, presidente del PP, responsabilizó al Ejecutivo de Zapatero de la situación, especialmente de la obligación de que las comunidades deban devolver 18.000 millones. "En su día les dio más dinero que el que les correspondía porque se equivocó en su diagnóstico económico", censuró.
Su formación plasmó sus propuestas en un documento, al igual que hizo hace diez días en Pontevedra en el ámbito local, en el que se compromete a controlar el gasto público, realizar un plan de racionalización del gasto corriente, no subir impuestos y "cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria". Siempre que Moncloa cumpla su parte, claro.
El papel líder de la Xunta en el proceso se refleja en ese texto, en el que se anuncia el apoyo a reformas legislativas "que garanticen la estabilidad presupuestaria", similar a la ley de techo de gasto aprobada este mismo año en Galicia, única comunidad con una herramienta de estas características.
Los populares también se comprometen al "endurecimiento de la responsabilidad contable" de los gestores que incurran en prácticas como "la acumulación de facturas en el cajón", aspecto al que precisamente se refirió Rajoy por la mañana. "Si hay deudas con los proveedores y las administraciones no pagan, hay que contarlo", pidió.
En el ámbito de la responsabilidad la diana está clara. "Es necesario explicar a los ciudadanos la plena responsabilidad del Gobierno de España en la situación de iliquidez de las cuentas de las administraciones", cargó.
