Pagar una residencia de mayores se está convirtiendo en un lujo que muchos gallegos ya no pueden permitirse. Las familias que antes de la crisis disponían de recursos suficientes para costearse un geriátrico, han visto ahora como su situación económica ha empeorado y optan por cuidar a sus parientes en casa y ahorrarse así una renta importante cada mes. Esta situación está acarreando duras consecuencias para el sector. El 22 por ciento de las plazas en residencias privadas, unas 3.000, se han quedado vacantes y aumenta el riesgo de cierre de muchos de estos establecimientos. Incluso se han detectados casos en residencias de caridad donde las familias vuelven a por sus mayores, porque aunque a ellas la estancia no les supone un desembolso económico si sus padres vuelven a casa pueden acceder a su pensión económica.
La mayoría de las plazas que están sin cubrir en las residencias privadas son para mayores válidos, puesto que los dependientes tienen derecho a asistencia pública por la Ley de Dependencia y pueden solicitar cama en un centro de la Xunta o bien recibir una subvención para pagar a un cuidador en su casa.
Por esta razón la crisis se está cebando sobre todo en aquellos geriátricos diseñados para mayores que no son dependientes. Hace una década la elevada demanda de plazas para ancianos convertía las residencias en un buen negocio y proliferaron estos centros. En la actualidad se ofrecen hasta 13.665 camas en establecimientos privados, sin contar los apartamentos tutelados y las viviendas comunitarias.
Sin embargo, los ancianos prefieren cada vez más quedarse en sus casas antes que trasladarse a un geriátrico y a esto se suma que, con la crisis, las familias ya no disponen de los recursos suficientes para pagar una plaza privada. El negocio ya no resulta tan rentable, quedan camas vacías y el mantenimiento de estos establecimientos es elevado.
Ayudas
Fuentes consultadas en el sector explican que cuando estas residencias pierden algún usuario por fallecimiento y les queda la plaza libre no consiguen cubrirla otra vez. No encuentran nuevos clientes. Es menos habitual, sin embargo, que los mayores que ya residen en uno de estos geriátricos privados decidan abandonarlo, puesto que antes intentan solicitar a la Xunta una ayuda, el antigüo cheque asistencial, con el que afrontar parte del pago mensual que les exige el centro.
Esta situación está colocando a algunas residencias en una situación delicada. Una opción es concertar plazas con la Administración gallega. Pero ahora la demanda está en las camas para dependientes y por eso ya hay centros que están reconvirtiendo sus instalaciones para el cuidado de estos enfermos. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat inyectará dinero público a las residencias privadas que ofrezcan plazas a las personas mayores con un alto grado de dependencia que están en lista de espera.
Si no consiguen captar recursos públicos, la otra opción que les queda a estos geriátricos privados que no cubren todas sus plazas es echar el cierre. La crisis se cobró ya este año su primera víctima en el sector. La residencia Esvida de A Coruña anunció en abril un ERE debido a que llevaba meses sufriendo pérdidas y tampoco lograba ocupar todas las plazas que ofrecía. La Consellería de Traballo les obligó a recolocar a todos los mayores que tenía internos, pero eso no sirvió de consuelo a las familias que no entendían como cobrando por cama hasta 1.400 euros al mes el geriátrico podía no ser viable.
En todo caso, desde el sector apuntan que como norma general hay una relación directa entre el incremento del paro femenino y el aumento de plazas disponibles en geriátricos privados y recuerdan que así ocurrió ya en el año 1983. En reuniones con la Consellería de Traballo, la Asociación Galega de Residencias de la Tercera Edad trasladó ya a la Administración la delicada situación que atraviesan y les advirtió que suman ya 3.000 las plazas vacantes.
La práctica mayoría de las camas que ofrece la Administración gallega son para dependientes. Solo unas pocas están enfocadas a mayores con plena autonomía. Aún así la lista de espera para ocupar una de estas plazas en la red pública también ha bajado notablemente en los últimos años. De las 3.248 personas pendientes de ingresar en un geriátrico público hace cinco años, se ha pasado en la actualidad a menos de mil.
