Una de cada cinco plazas turísticas que se ofrecen en las Rías Baixas son de alojamientos no acreditados. Son más de 6.000 plazas en apartamentos y pisos que alquilan de forma irregular habitaciones a turistas durante el verano. Ése es el cálculo que hace la Asociación de Hostelería de Pontevedra que demanda a la Xunta que dé "más caña" para evitar lo que para ellos representa una competencia desleal, puesto que les quitan clientela y, sin embargo, no declaran la actividad y, por lo tanto, no pagan impuestos.

La Consellería de Cultura aprobó hace unas semanas un decreto que regula los apartamentos y viviendas turísticas. Esta normativa pretende poner orden en un ámbito sobre el que existía un "vacío legal". Este tipo de establecimientos, al igual que los hoteles y pensiones, tendrá que inscribirse en un registro y será catalogado según su categoría.

Los alquileres de pisos, apartamentos y casas por "motivos vacacionales o turísticos" supondrán la cesión del inmueble por un periodo "máximo de dos meses" y "en su totalidad", ya que el decreto impide "la cesión por cuartos ni la coincidencia dentro de la misma vivienda de usuarios que formalicen distintos contratos". La nueva norma no afectará, en cambio, a aquellos pisos o casas que se arrienden por temporada, como los alquileres para estudiantes o los contratos anuales, que se rigen por la ley de arrendamientos urbanos de 1994.

Inspecciones

Los hosteleros se quejan, sin embargo, que esta normativa regula aquellos apartamentos y viviendas legales pero no ataja el problema de los establecimientos que operan al margen de la ley y no declaran su actividad. "No hay inspecciones. Cuando se envía un inspector se manda a los hoteles y los restaurantes que es lo que se controla, pero no entran a pisos que alquilan habitaciones a turistas de forma irregular", se queja el presidente de la Asociación de Hosteleros de Pontevedra, José Magaz.

Según explica, la mayor parte de estos alojamientos irregulares se encuentran ubicados en las zonas de costa, como Sanxenxo, Baiona y O Grove. Desde la Consellería de Cultura se aclara que la aprobación del decreto que regula los apartamentos y viviendas turísticas no supondrá que se intensifiquen las inspecciones sobre los establecimientos ilegales. "Se harán las campañas habituales de control", explican en la Xunta.