En medio de la actual crisis y con un recorte del 54 por ciento en las inversiones contempladas en las cuentas gallegas para 2011, la Consellería de Medio Ambiente está decidida a mirar con lupa cada factura. Sobre la mesa tiene ahora un recibo de 14 millones que la adjudicataria de la Autovía de Barbanza le quiere cobrar por unas obras complementarias acometidas en este vial, que fue inaugurado por el Gobierno bipartito a finales de 2008. Antes de pagar, el departamento que dirige Agustín Hernández ha encargado un auditoría para averiguar si ese sobrecoste está justificado.
La Autovía de Barbanza, que costó al erario público 127 millones de euros, fue adjudicada por el bipartito a la empresa Sacyr, una decisión que entonces ya levantó una enorme polvareda política puesto que revocaba la resolución tomada por la mesa de contratación del gobierno anterior de Manuel Fraga de otorgar la concesión a una adjudicataria distinta, una UTE de empresas liderada por San José. Según denunció entonces el Partido Popular, el cambio supuso un "sobrecoste" de 30 millones de euros.
Modificado
Aunque la Autovía do Barbanza lleva ya dos años en funcionamiento, el presupuesto de esta autovía volvió a sufrir una nueva modificación. La Consellería de Medio Ambiente denuncia que el bipartito autorizó "un modificado del proyecto", es decir, la empresa adjudicataria acometió una serie de obras complementarias en el vial que no estaban en los planes iniciales. Estas actuaciones obligarán al departamento de Agustín Hernández a desembolsar ahora otros 14 millones de euros.
Medio Ambiente desconfía de si este sobreprecio está justificado y ha encargado a una empresa "un servicio de auditoría de los expedientes integrantes en la obra de la autovía do Barbanza". Esta investigación, que será realizada por la firma IDOM, costará 67.260 euros y "analizará en profundidad" el coste de las actuaciones complementarias acometidas por la adjudicataria. La consultoría deberá estar terminada en un plazo máximo de dos meses.
En todo caso, estas modificaciones de obras no son un caso aislado. Es habitual que en plena ejecución de una infraestructura la adjudicataria cambie su proyecto inicial para introducir mejoras sobre la marcha, una práctica a la que el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, quiere poner fin.
El responsable de Infraestructuras del Gobierno gallego exigirá a partir de ahora a las empresas que concurran a concursos públicos de obras que presenten proyectos más completos para no tener que hacer cambios a posteriori. Según explica el departamento de Agustín Hernández, no se trata solo de evitar que se encarezca la factura inicial sino de prevenir posibles retrasos en la ejecución de la infraestructura, ya que en ocasiones los modificados que se introducen obligan a paralizar la obra durante semanas o incluso meses.
