El peaje en la autovía a Oporto enerva al norte de Portugal

A. MÉNDEZ La decisión del Gobierno portugués de introducir peajes en las autovías gratuitas para "consolidar las cuentas públicas" ha ocasionado una auténtica revolución social en el norte del país y va camino de traducirse en una grave crisis política. Diputados de la oposición y alcaldes del Partido Socialista (PS) en el poder han acudido en bloque a Lisboa para intentar que el primer ministro rectifique y se han posicionado al lado de los miles de usuarios, que intentan paralizar in extremis la aplicación del telepeaje prevista para el próximo 1 de julio y que afectará de lleno a los conductores del sur de Galicia que circulan por las autovías A-41, A-42, A-27 y A-28 hacia el aeropuerto Sá Carneiro, para visitar los centros comerciales de Matosinhos o por motivos de trabajo.
Con sus continuas protestas desde principios de año y su eco cada vez mayor en internet y las redes sociales, el movimiento contra el pago en carreteras SCUT (sin coste para el usuario) o con los denominados peajes en la sombra que soportan directamente las administraciones, ha logrado el apoyo de asociaciones de transportistas, empresarios y de casi todos los alcaldes del norte sin distinción de partidos.
La mala situación financiera del Gobierno de José Sócrates, acuciado por un nivel de endeudamiento superior al 100% del PIB, explica el giro radical de su política en materia de infraestructuras. Pero la posibilidad de perder la gratuidad en el vial que une Caminha con Viana y Oporto es cuestionada por todos: la Confederación de Empresarios de Pontevedra, los regidores de Tui y A Guarda y los empresarios de ambas poblaciones, aunque el malestar se multiplica en cuanto se cruza la frontera.
Lo que se está viviendo al otro lado del Miño en las últimas semanas es una auténtica revolución que los medios lusos ya han bautizado como la "revolta da região Norte". Estas mismas palabras empleaba ayer el presidente de la Junta Metropolitana de Porto, Rui Rio, que alertaba así al gobierno del PS de que los vecinos de la parte norte del país están "a las puertas de revolverse con razón" contra los peajes.
Los alcaldes del entorno de Oporto y los comités de usuarios como "Naturalmente, no" o el "Movimento A-28 sen portagens –peaje–" insisten en su negativa a pagar por una carretera construida con fondos estatales y europeos y que entienden que no arrastra deudas, por lo que han centrado en ella casi todas sus protestas con marchas lentas durante todas las semanas del mes de mayo. Con acciones casi diarias y respaldados por los ayuntamientos, que han convocado una manifestación para el próximo 3 de julio en Viana do Castelo, esperan a que el Tribunal Supremo portugués se pronuncie sobre la legalidad del decreto ley 67-A/2010 que impulsa los peajes e intentan presionar a los partidos de la oposición para que bloqueen la medida en trámite parlamentario.
El Gobierno de Sócrates negocia a contrarreloj con los socialdemócratas para que al menos se abstengan en la votación de la Asamblea de la República de mañana, pues con 81 diputados podrían hacer peligrar la mayoría parlamentaria del PS (97), dado que el CDS-PP se ha mostrado abiertamente contrario a la medida y tiene otros 21. El ministro de Asuntos Parlamentarios, Jorge Laca, reconocía ayer que apurará las últimas horas para evitar que la pluralidad de la asamblea permita la victoria de la "coalición negativa", la de los grupos que se oponen a gravar a los ciudadanos los 670 millones de euros que el Ejecutivo portugués desembolsó el pasado año a las concesionarias de las autovías.
Una de las claves del acuerdo es la concreción del mecanismo de identificación de los vehículos, pues al no haber cabinas la oposición denuncia que los "chips" inicialmente previstos podrían vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, por incluir datos personales. Ahora el Gobierno luso plantea un mecanismo más simple que sólo identifica al vehículo y por el que se pagan 25 euros reembolsables en peaje. En 24 horas se resolverá la incógnita.