"La documentación del Plan del Litoral es farragosa y de difícil comprensión para los técnicos y responsables políticos de los concellos". De esta manera justifica la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) la necesidad de establecer una moratoria en el plazo inicial de dos meses que la Xunta ha otorgado a los ayuntamientos para presentar alegaciones al borrador que regula los usos de la costa gallega y establece la prohibición de construir en 3.000 hectáreas de superficie clasificada como urbanizable por los ayuntamientos.
El presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, ha reclamado a la Consellería de Medio Ambiente que amplíe otros tres meses el plazo para que los 84 concellos afectados puedan formular consultas y alegaciones. El periodo inicial previsto termina el 10 de abril y los técnicos municipales se quejan de que apenas les queda tiempo para estudiar la documentación, consultar a los vecinos y presentar las alegaciones.
Sin embargo, para el departamento que dirige Agustín Hernández el tiempo es un factor clave porque el 17 de mayo expira la ley que prohíbe construir en los primeros 500 metros de costa y la pretensión de la Xunta no es prorrogar la prohibición sino aprobar inicialmente el Plan del Litoral para que sus regulaciones entren ya en vigor.
El problema es que los ayuntamientos alegan que los plazos son "demasiado ajustados" y resultan imposibles de asumir para los técnicos municipales. Según explica Carlos Fernández, desde los concellos le están trasladando quejas relativas a la falta de concreción en la definición de usos, sobre si afectará o no a zonas urbanas consolidadas, e incluso le plantean dificultades para distinguir los trazos de los mapas que la Xunta puso a disposición de los municipios a través de la web oficial de la consellería. Algunos regidores, según la Fegamp, detectaron también inconcreciones cartográficas que afectan a sus límites costeros.
A esta inquietud municipal, se suma la suscitada entre los empresarios de las comarcas costeras que están preocupados por cómo afectará la normativa al estatus jurídico de sus naves y al mantenimiento de las mismas. Según informa la Federación Galega de Municipios, estos industriales ya anunciaron la presentación de alegaciones al Plan de Ordenación del Litoral en paralelo a los ayuntamientos.
Respaldo
Carlos Fernández apela al "clima de consenso" que prometió la Xunta al redactar el POL "para que se pueda dotar a Galicia de leyes que cuenten con un amplio respaldo parlamentario y con vocación de durar décadas". Aunque el representante de los alcaldes entiende la "premura" del Ejecutivo ante la proximidad de la fecha en la que se levantará el veto para construir en la costa, advierte de que la nueva regulación urbanística del litoral debe contar con el respaldo mayoritario de agentes sociales, de los representantes políticos y el empresariado.
Desde la presentación inicial del Plan del Litoral los ayuntamientos tuvieron dificultades para interpretar la documentación remitida por la Xunta y conocer cómo afecta a su término municipal. En la Consellería de Medio Ambiente hay trabajando unas treinta personas que están en contacto diario con los concellos para resolver sus dudas, pero aún así los regidores no se aclaran bien con los mapas, ni con las divisiones por zonas que establece el plan y eso ha creado una confusión generalizada que está retrasando la presentación de las alegaciones.
El Plan de Ordenación del Litoral prohíbe urbanizar en un 26 por ciento del suelo que los planes municipales tenían reservado para construir.
