El pleno del Parlamento debatió hoy la segunda iniciativa legislativa popular (ILP) desde el cambio de gobierno que, impulsada por el sindicato CIG, pretendía la eliminación del plus de altos cargos, algo que contó con el apoyo del BNG porque --considera-- es necesario "corregir el error" que supuso su aprobación en 2007. Sin embargo, 'populares' y socialistas defendieron la "coherencia" de mantener este complemento retributivo porque entienden que mejora la profesión política.

Así, se cumplieron los anuncios efectuados por los distintos grupos durante la semana pasada acerca de su postura y que tuvo su primer reflejo en una votación en la comisión de presupuestos cuando el BNG pretendió introducir una enmienda a las cuentas de la Xunta del próximo año en este sentido y que no tuvo éxito.

El defensor de la propuesta, el secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, intervino hoy en el hemiciclo como representante de la comisión promotora de la ILP y denunció que este plus introduce una "concepción poco democrática" de la Administración, puesto que, a su juicio, implica "rebasar el límite de 30 niveles legales" que integran la carrera administrativa y "nunca los funcionarios que siguen una carrera ordinaria, por ejemplar y brillante que ésta sea".

Además, argumentó que se crea una "profunda brecha entre el funcionariado de carrera y el resto de ciudadanos que, no siendo funcionarios públicos", desempeñaron o lo van a hacer algún cargo político. "Aspiramos a que el legislador gallego reconsidere su posición anterior y apruebe una norma legal que pretende introducir elementos de justicia social", aseveró en su discurso Suso Seixo para instar a los grupos del PPdeG y PSdeG a que apoyasen su propuesta.

Asimismo, el dirigente sindical estimó que esta medida se hace si cabe más necesaria si se tienen en cuenta "medidas que invocan el supuesto principio de austeridad", entre las que mencionó los presupuestos de la Comunidad Autónoma, los salarios de la mitad de empleados públicos que no alcanzan los mil euros, los acuerdos retributivos del Sergas o la "privatización" del Consorcio de Servizos da Igualdade e do Benestar.

"Corregir el error"

Ya en el turno de los grupos, el diputado nacionalista Alfredo Suárez Canal apostó por tomar en consideración esta iniciativa como una forma de "corregir" el error y tratar de "restablecer el descrédito de la actividad política". Además, invitó a "aprender" de la "sensibilidad social" y certificó que la política "ganaría credibilidad" y la Administración "ganaría recursos" para otras actuaciones.

Frente a la postura del nacionalista, se situó el parlamentario socialista José Manuel Lage Tuñas, quien subrayó que la reforma de la Función Pública en la pasada legislatura "fue un primer paso" que hay que "seguir ahora" y, por este motivo, apostó por "ir más allá" de esta iniciativa legislativa y hacer una "reforma profunda" de la normativa que rige a los empleados públicos.

Así, destacó que hay que abandonar "la senda de la demagogia" de los salarios de los directivos y del salario mínimo interprofesional y sentenció: "Si estamos dispuestos a dar el debate, hay que hablar de cuál es el modelo de función pública que queremos".

En su opinión, esta discusión mejoraría la "crisis de legitimidad" y avisó de que no contar con un salario determinado en la función pública "empobrecería" el desempeño de este colectivo. "Tenemos que dar ese debate, contar con buenos profesionales y huir de la demagogia", resumió Lage Tuñas.

Por su parte, el representante del PPdeG en el debate, Antonio Rodríguez Miranda, tachó de "cínica" la postura de los nacionalistas" por "rechazar el plus antes de estar en el Gobierno, aprobarlo en el Gobierno y ahora que están en la oposición volver a estar en contra".

Del mismo modo, argumentó que este plus está regulado en todas las comunidades autónomas y que, por lo tanto, Galicia "no fue una avanzadilla" en este sentido para "favorecer a unos escogidos". Ante lo expuesto, el secretario xeral de CIG replicó que "si quieren copiar de otras comunidades, tienen un montón" de ámbitos para hacerlo y puso los ejemplos de "acabar con la discriminación de los funcionarios, de las pensiones, infraestructuras o salarios más bajos". "De eso no les escuché nada", protestó Seixo, quien demandó por "dignidad" acabar con esta "discriminación" y "chapuza" legislativa.

El plus de altos cargos fue aprobado por la unanimidad de la Cámara en la época del bipartito, aunque este complemento fue incorporado en el trámite parlamentario a través de una enmienda introducida por el PPdeG.

De hecho, 'populares' y socialistas censuraron en sus intervenciones la postura de Suárez Canal y le recordaron que formaba parte del gobierno que impulsó la reforma de la Función Pública, si bien este plus no se había incorporado en el proyecto de ley de la Xunta y, por lo tanto, el ahora diputado del BNG no votó a favor de él en el hemiciclo puesto que no conservaba su acta parlamentaria.

Repercusión económica

Una de las discrepancias mantenidas durante el debate se refirió a la repercusión económica en los presupuestos de la Xunta, al respecto de lo que Suárez Canal calculó que podría ascender a tres millones de euros.

Sin embargo, Rodríguez Miranda le replicó que esos datos no se correspondían con la realidad e hizo públicos datos, que hasta ahora no se habían revelado y que los sindicatos desconocían, acerca de que existen 192 solicitudes de este plus en Galicia, incluidas las demandas de este suplemento por derecho de la Administración estatal.

Además, se preguntó si el BNG iba a "expulsar" a sus ex altos cargos que hayan demandado recibir lo que les corresponde por ley y aseguró al diputado nacionalista que "había multiplicado por tres" el impacto económico que tendrá cada año este plus en las cuentas gallegas.

Reforma de la tramitación de las ILP

Por otro lado, Suso Seixo aprovechó su presencia en la tribuna del Parlamento para llamar la atención de los diputados acerca de la necesidad de "modificar la ley vigente" sobre el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, con el propósito de que este tipo de acciones que obtengan los avales suficientes sean debatidos "para su toma en consideración en un tiempo razonable".

De hecho, el secretario xeral de CIG puso de manifiesto, al inicio de su intervención, que "no sin tiempo" se introdujo este debate en el Parlamento, tras 17 meses desde que recabó las firmas suficientes. En este sentido, el 'popular' Rodríguez Miranda reivindicó que tuvo que ser "la mayoría del PP" la que facilitase su discusión en el pleno de la Cámara.