La Xunta quiere más competencias y con celeridad. El Ejecutivo gallego ha urgido al Gobierno central a retomar la negociación para traspasar a Galicia "con la mayor brevedad" diecisiete competencias, siete de ellas ya reclamadas por el bipartito y otras diez nuevas. Entre estas últimas figuran el traspaso de la titularidad de las autopistas AP-9 y AP-53 (Santiago-Dozón) y de la gestión de la cuenca hidrográfica del Miño-Sil y del litoral. La ordenación de la costa y del dominio público marítimo-terrestre es una demanda de gran calado político, puesto que supondría dar la Xunta la facultad para autorizar todas las actuaciones que se realicen en primera línea de playa, entre ellas las plantas de acuicultura. Actualmente las competencias pertenecen a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
En su pretensión de iniciar la "fase de mayor autogobierno de Galicia", la Xunta no se olvida de volver a reclamar Tráfico ni de exigir que se acelere el proceso, porque esta transferencia no se retomará hasta septiembre de 2010, pues así figura en el calendario del Congreso de los Diputados, que es el órgano encargado de iniciar la tramitación para dar continuidad al acuerdo aprobado por el Parlamento gallego el pasado año.
Entre las competencias de mayor alcance reclamadas figura la ordenación del litoral y la gestión del dominio público marítimo terrestre, que es la zona comprendida entre el mar y la línea imaginaria hasta la que llegaron las mayores olas. Lo que quiere la Xunta es ser la única administración responsable de todas las actuaciones que se acometan en la costa, desde piscifactorías hasta tareas de reposición playas, pasando por la recuperación del medio natural, las canalizaciones de desagüe y captación de agua o la construcción de instalaciones públicas y privadas. Al Gobierno gallego le corresponderían las funciones de autorización de licencias, pero también de inspección y de sanción.
La Xunta entiende que dar el control a una única administración, y máxime cuando la autonómica tiene ya las competencias sobre puertos, reglamento urbanístico y vertidos, "redundará en una mayor eficacia y eficiencia", además de reforzar el papel del Plan de Ordenación del Litoral, en elaboración, que regulará los usos del litoral.
Entre las nuevas competencias demandadas, presentadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, figuran el traspaso de la titularidad de la AP-9 y la AP-53. El argumento empleado es que ambas vías de comunicación son fundamentales en la "vertebración del territorio" y cuyo itinerario discurre íntegramente por la comunidad autónoma.
El Gobierno gallego también plantea que el Estado le transfiera la facultad para gestionar la cuenca del Miño-Sil, de forma que todas las tramitaciones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico pasaran de la Confederación Hidrográfica a Galicia.
El paquete de las nuevas competencias reclamadas se completa con el traspaso de Meteorología, ya que junto con Ceuta y Melilla es la única autonomía que no la tiene reconocida, la ordenación completa del sector pesquero y no sólo del que opera en aguas interiores, los organismos dedicados a la investigación marina, la expedición de títulos náutico-pesqueros o el traspaso del personal de las instituciones judiciales que no sea ni jueces, ni fiscales ni secretarios para que las sustituciones por bajas se realicen con mayor agilidad.
"Vamos a superar el goteo de traspasos de los últimos años"
El presidente de la Xunta envió ayer al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, una carta para "recordarle" su compromiso de desbloquear a la vuelta del verano el traspaso de las competencias. El Ejecutivo gallego quiere relanzar el ritmo y superar el "goteo" de los últimos años con el bipartito. Por ello, la primera medida es solicitar al Gobierno central que convoque la comisión bilateral para abrir el diálogo. "Vamos a priorizar las competencias y los tiempos", indicó.
Las primeras negociaciones se centrarán en las transferencias ya iniciadas por el bipartito, donde figura en un lugar prominente la de Tráfico y Seguridad Vial, aunque el calendario establecido por el Congreso no prevé que arranque su tramitación hasta finales del próximo año.
La Xunta quiere acelerar además el traspaso de la inspección de trabajo, de varios edificios en A Coruña, Ourense y Pontevedra que utiliza la Administración del Estado y que en total suman 6.000 metros cuadrados de superficie, los museos y bibliotecas de titularidad estatal, la cesión de varios inmuebles como la Torre de Monterrei (Ourense) o las gestión de las becas y ayudas a los estudiantes no universitarios.
"Queremos desbloquear el proceso de transferencias negociado en la pasada legislatura y agilizar las actuaciones", declaró el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, al terminar el Consello.
