Un billete de vuelta a su país les amenaza. Las órdenes de expulsión abiertas el año pasado a sin papeles en Galicia se dispararon un 10% con respecto a 2007. En los últimos doce meses, el Ministerio del Interior ha endurecido los controles de documentación a inmigrantes y las oficinas de Extranjería miran con lupa el "sí quiero" entre ciudadanos extranjeros y españoles. Ya no se trata de órdenes de repatriación puntuales, como ocurría hace años. Ahora la práctica totalidad de las peticiones de matrimonio por parte de inmigrantes sin papeles acaban en la apertura de un expediente de expulsión. "Sólo en contados casos, cuando por ejemplo el inmigrante tiene un hijo español, la orden de expulsión se revoca y se le pone un multa", comentan desde el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de Comisiones Obreras.

Pese a que Galicia recibió el año pasado menos inmigrantes que en 2007, el número de órdenes de expulsión aumentó hasta un 10%, sobre todo en Ourense y Pontevedra. En 2008, las oficinas de Extranjería en la comunidad abrieron 1.201 expedientes de repatriación, frente a los 1.095 tramitados hace dos años. Pero la práctica totalidad de las órdenes de expulsión quedan sin ejecutar. Y es que el elevado coste de la repatriación –una media de 1.800 euros por inmigrante– provoca que sólo una de cada diez lleguen a ser tramitadas.

Con la orden de expulsión tramitada, el inmigrante sancionado no pueden iniciar los trámites para legalizar su situación. Por este motivo, los sindicatos reclaman a la Administración que revoque las órdenes de expulsión a aquellos que no tienen antecedentes penales y las conmuten por una sanción, fijada en 301 euros. "Es una traba para los extranjeros que intentan regularizar su situación. Un endurecimiento de las vías de regularización que se remonta a octubre del año pasado", denuncian desde CC OO.

La provincia de Pontevedra, según aseguran desde Comisiones Obreras, es la provincia gallega con las políticas en materia de inmigración más "restrictivas". En especial –añaden– cuando se trata de un matrimonio en el que uno de los futuros contrayentes en un extranjero sin tarjeta de residencia. Las sospechas de que pueda tratarse de matrimonios de conveniencia, conocidos también como "bodas blancas", ha convertido estas peticiones de casamiento en una nueva forma de controles de la Policía Nacional a los inmigrantes. Cualquier inmigrante que acude a un registro civil para iniciar los trámites de matrimonio con un ciudadano español se enfrenta a un examen. Es decir, a una entrevista personalizada con el objetivo de averiguar si puede tratarse de un matrimonio ficticio por el que los ciudadanos extranjeros pretender obtener la nacionalidad española en el plazo de un año y la tarjeta de residencia de manera automática. Desde finales del año pasado, esta entrevista personalizada, cuyo informe se remite a Extranjería, va acompañada de una citación en la comisaría de policía.

"La sorpresa es mayúscula cuando el inmigrante llega y se encuentra con que el motivo de citación es la apertura de un expediente de expulsión del país", denuncian los sindicatos, al tiempo que advierten de no sólo en el caso de los matrimonios protagonizados por ciudadanos extranjeros sin papeles Interior ha endurecido su política.

En el caso de la peticiones de arraigo, que pueden solicitar los inmigrantes que residen en el país desde hace tres años y tienen una oferta de empleo, también Extranjería está dictando órdenes de expulsión a aquellos inmigrantes que reciben un informe desfavorable a su solicitud. "La situación se complica para los inmigrantes a los que no se les retira la orden de expulsión por una multa, el 95%, porque no pueden regularizar su situación", lamentan desde CC OO.