Las cifras concretas llegarán más adelante, durante el mes de enero, pero las comunidades autónomas ya tienen en su poder el borrador elaborado por el Gobierno sobre la reforma de la financiación autonómica, que de momento sólo fija los criterios, sin precisar lo que pesará cada uno en el reparto, y las líneas generales. La propuesta dará a las autonomías más capacidad y libertad para financiarse, lo que reducirá su dependencia del Estado, elevará la cesión hasta un 50% del IVA y del IRPF y un 58% de los impuestos especiales y permitirá a las comunidades cierto margen de maniobra para regular los tributos cedidos. Todo ello tendrá como consecuencia que las transferencias del Estado a las regiones se reducirán del 30% actual al 10%, de forma que el 90% de los recursos de las autonomías procederán de los impuestos cedidos por el Estado, frente al 70% de ahora.
El número de habitantes será el principal criterio para la distribución de fondos, aunque se tendrá en cuenta también el envejecimiento y la dispersión de la población, ya que esta circunstancia contribuye a incrementar el coste de los servicios básicos, pero el Gobierno no concretó cómo se medirá cada uno de los factores, de la misma forma que tampoco dio detalles sobre las cuantías que corresponderán a las autonomías procedentes de los diversos fondos que prevé el sistema para nivelar la calidad de las prestaciones de los servicios básicos o para compensar, por dos vías distintas, a las regiones con menor renta y también a aquéllas que más aportan a la caja general del Estado, lo que constituye una de las principales novedades de la propuesta.
Misma financiación
El modelo de financiación, con categoría de borrador, fue presentado ayer en Madrid por el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Si el primer objetivo marcado es el de aumentar la autonomía fiscal de las comunidades para que dependan más de ellas y menos del Estado, el segundo es conseguir que cualquier ciudadano, como advirtió Pedro Solbes, independientemente de la comunidad en la que viva "tenga la misma financiación para los servicios públicos básicos".
No hubo cifras en la comparecencia de Solbes, quien se limitó a explicar las líneas básicas del nuevo modelo. Eso sí, aseguró que permitirá que todas las comunidades tengan más recursos para mejorar las prestaciones a sus ciudadanos y que todas ellas obtengan financiación equivalente para sufragar los servicios públicos fundamentales. Además, el vicepresidente afirmó que con este sistema quedará garantizada la suficiencia de recursos para los servicios que presta la Administración central, y, además, se cumplirá con las previsiones de todos los estatutos de autonomía.
Aunque el número de habitantes seguirá siendo el criterio sobre el que pivotará todo el reparto de los recursos, se contará con otros criterios -sin que se precisen hasta qué punto- como la dispersión, insularidad, población mayor de 65 años, población sanitaria equivalente o uno nuevo de población menor de 18 años, todos ellos para cuantificar el gasto real de los servicios básicos mediante el término de nuevo cuño "habitante ajustado".
Según avanzó Solbes, la cesión del IRPF y el IVA alcanzaría el 50%, mientras que en el caso de los impuestos especiales se situaría en el 58%, participación que ya figura en el Estatut de Cataluña. Además, la propuesta del Gobierno también incrementará la capacidad normativa de las regiones en materia fiscal y, en el caso del IRPF, podrán modificar los mínimos personales y familiares, dentro de unos márgenes, así como las deducciones de la cuota por adquisición y alquiler de vivienda. También se les permitirá adquirir mayores competencias sobre el IVA e impuestos especiales.
Ajuste automático
Esta mayor autonomía fiscal posibilitaría un "ajuste espontáneo" de los recursos financieros a las necesidades puntuales de cada comunidad, según precisó el vicepresidente.
El nuevo modelo de financiación del Gobierno deja fuera el Fondo de Compensación Interterritorial, pero dispone de otros tres. A los existentes, el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales -sanidad, educación y atención social- y de Suficiencia Global -para financiar el resto de las competencias transferidas- se suma uno nuevo, de Convergencia, con el que se busca corregir "los excesos y defectos" del actual modelo.
Este tercer fondo contará con dos canales de actuación. El llamado de Competitividad servirá para compensar a las comunidades con mayor capacidad de recaudación, las más ricas, y servirá para que si una región que aporta más al sistema se queda por debajo de la media en recursos por habitante, el Estado le ayudará con dinero adicional. El segundo, de Cooperación, es un fondo específico diseñado para mejorar la convergencia en los niveles de vida entre las comunidades, por lo que se distribuirá entre las comunidades que como Galicia disponen de un menor grado de riqueza relativa.
También hay otros recursos adicionales pensados, por ejemplo, para las comunidades que cuentan con una lengua propia.
