Dos particulares y una funcionaria de Tráfico fueron detenidos ayer en Lugo por su presunta implicación en un caso de sanciones de tráfico que supuestamente se dejaban prescribir en la Jefatura Provincial de Lugo a cambio de posibles comisiones.

La trabajadora de Tráfico fue detenida a primera hora de la mañana y pasó a prestar decl a ración ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de la capital lucense acusada de los delitos de cohecho y contra la Administración Pública.

Además, agentes adscritos a la unidad de la Policía Judicial de la comisaría de Lugo registraron también ayer la Jefatura Provincial de Tráfico lucense para buscar documentación que pueda acreditar si algún funcionario de este organismo cobró comisiones por anular multas por infracciones impuestas a conductores.

Los agentes se llevaron consigo documentación que será clave para esclarecer el número de multas y la cuantía defraudada. La investigación se inició en el verano, cuando un conductor al que le ofrecieron este servicio para el sobreseimiento de sanciones puso una denuncia.

No ha trascendido la cantidad de las comisiones que presuntamente percibirían él o los funcionarios implicados por anular las multas, aunque se especula con la posibilidad de un porcentaje fijo del importe de la sanción.Tampoco se sabe aún cuántas fueron sobreseídas gracias a esta trama ni se descarta que haya más implicados.

La Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo gestiona aproximadamente unas 50.000 denuncias cada año por infracciones. Su titular, Julio González, ha preferido no hacer comentarios sobre la investigación judicial abierta.

Durante buena parte de la mañana de ayer fue imposible realizar ningún trámite en la jefatura de Tráfico lucense, ya que estuvo cerrada al público. El registro por parte de los agentes judiciales finalizó a las tres menos cuarto de la tarde.

En febrero de este año, otros dos funcionarios adscritos a la Jefatura Provincial de Tráfico, en este caso la de Pont e vedr a , fueron detenidos junto a dos empresarios en una operación que desarticuló un grupo dedicado a la realización ilegal de trámites y transferencias de vehículos.