El envejecimiento demográfico de Galicia se pagará caro. La comunidad gallega es una de las regiones con más población anciana de Europa y los pronósticos apuntan a que esta tendencia se acenturará en el futuro. Según las proyecciones estadísticas, en 2050 se prevé que la cifra de gallegos de más de 65 años se incremente en un 40 por ciento, es decir se sumarán 240.000 mayores más a los 600.000 de ahora. La principal consecuencia será que los gastos en prestaciones sociales y salud se duplicarán durante los próximos cuarenta años. Para cubrir los costes se deberá incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos en un 50 por ciento.
Estos son los cálculos expuestos ayer por el economista y director del Instituto de Desenvolvemento de Galicia (Idega), Melchor Fernández, durante unas jornadas organizadas por la Confederación de Empresarios de Galicia para abordar el impacto económico del envejecimiento poblacional.
La presión fiscal se sitúa actualmente en el 38 por ciento del PIB. De aquí al año 2050 habría que incrementarla hasta el 55 por ciento si se quiere mantener el actual nivel de servicios en Galicia. Esto supone que, dentro de cuarenta años, las aportaciones de los ciudadanos a las arcas públicas equivaldrán a más de la mitad de la riqueza que se genera en la comunidad.
La tesis del presidente de Idega concuerda con la del abogado, Alberto Viejo, encargado del grupo de trabajo de la CEG que ha abordado la futura reforma de la Seguridad Social. "El gasto en pensiones alcanzará niveles difícilmente soportables desde el punto de vista financiero", explicó. Según sus cifras, el coste de las jubilaciones pasará de representar el 4,3 por ciento del PIB a alcanzar el 9,1 por ciento en el año 2050.
La razón es que los mayores tendrán cada vez más peso en el conjunto de la población y se reducirá el número de trabajadores en edad laboral, que son los que contribuyen a mantener el sistema público de seguridad social. Así, serán menos los que paguen y más los que cobren.
Ante esta situación caben varias alternativas, según los expertos. "Que se reduzcan gastos de otras materias y el dinero público se vuelque con el sistema sanitario y de prestaciones sociales", apunta Melchor Fernández. La otra vía es reformar el actual sistema de pensiones. "Hay que adaptar el modelo y lo que están haciendo los gobiernos de posponer el debate eternamente no hace más que trasladar el problema a la generación siguiente", insite el letrado Alberto Viejo.
La reforma pasará por retrasar la edad de jubilación. Melchor Fernández apuesta además por un sistema público de pensiones que se pueda compatibilizar con planes privados de pensiones. "Debe ser más redistributivo", propone.
