La Fiscalía considera "claro" que Silva cometió "prevaricación urbanística" de forma "continuada"

En la finalización hoy de la vista oral contra estos altos cargos municipales en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, la fiscal y la defensa expusieron sus conclusiones y, en ambos casos, mantuvieron sus peticiones. Así, mientras que el Ministerio Público reiteró su demanda de una pena de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para cada uno de los acusados por supuesta prevaricación, el letrado defensor se ratificó en la petición de absolución. El asunto quedó visto para sentencia.

En su intervención, la Fiscalía calificó de "totalmente ilegales" las actuaciones juzgadas, la concesión de un total de 37 licencias urbanísticas en base al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1997 cuando éste había sido anulado por los tribunales. Así, consideró que "comenzó a haber irregularidad" cuando la Xunta envió un requerimiento (aunque fuera de plazo) en el que rechazaba el acuerdo plenario del 10 de mayo de 2005, con el que supuestamente el plan se adaptaba a la legalidad, y pedía la paralización de licencias.

Posteriormente, cuando el Gobierno autonómico acudió a la vía judicial y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), emitió una sentencia por la que anulaba el citado acuerdo plenario, en noviembre de 2005 y, sin embargo, se siguieron otorgando licencias hasta enero de 2006, una "irregularidad" que el Ministerio Público tachó de "impepinable".

También estimó que con el requerimiento de la Xunta habían surgido "suspicacias" en el ayuntamiento sobre la validez del supuesto acuerdo y, por tanto, sobre qué normativa aplicar para conceder licencias. Para la fiscal, el entonces regidor "se aseguró" de que las licencias contaran con "informes favorables" de los técnicos y, por ello, ya en julio de 2005 se difundió una "nota interna que no aparece en el expediente" del PGOM y en la que se especificaba a los técnicos que las licencias se debían tramitar en base al plan de 1997.

"Vaguedades"

Además, criticó las "vaguedades" de las declaraciones de los acusados y las contrapuso con el hecho de que recordasen "con total precisión" que las 37 licencias fueron otorgadas con informes favorables. También juzgó "peculiar" que el edil de Urbanismo no formase parte de la Junta de Gobierno Local, y aseguró que "este señor se ha salvado" al actuar "muy hábilmente" al no ser miembro de este organismo. A este respecto, aseguró no tener dudas de que este concejal "manejaba los hilos en la sombra".

Finalmente, recordó que el auto del TSXG de noviembre de 2005, que anulaba el acuerdo plenario por el que se había adaptado el plan y gracias al que se aprobaron las licencias, no se incorporó al expediente del Plan General hasta enero de 2006, a pesar de que la resolución ya había sido recurrida por el despacho de abogados al que se le encargó la defensa del plan.

A este respecto, afirmó que "ningún abogado" recurre sin que previamente se lo pida el cliente, por lo que aseguró que el alcalde y su equipo tuvieron conocimiento del auto antes de que éste se lo entregase a la secretaria, quien lo incorporó en el expediente en enero.

Defensa

Sin embargo, el abogado defensor consideró que "en ninguna forma queda probado" que existió prevaricación, puesto que, según recordó, este delito exige la necesidad de "conciencia" de que se actúa en la ilegalidad y, por tanto, pidió la absolución de sus patrocinados, el entonces alcalde, Carlos Silva (PP), y sus concejales José Luis Mosquera, Angel Gregores, Abelardo Meneses, José Misa y Jaime Rial.

En este sentido, recordó que el acuerdo por el que se pretendía adaptar el plan a la legalidad no fue tomado por la comisión de gobierno, sino por el Pleno de la Corporación Municipal (todos los votos a favor excepto cuatro abstenciones) y estaba apoyado en un informe de la secretaria y otro externo. Asimismo, aseguró que los concejales actuaron según "los informes de la secretaria" y que "en ningún caso queda acreditada la actuación ilegal concertada con ésta última".

En cuanto a la aprobación de las licencias, insistió en que se hizo porque había informes favorables y que estos existen "no en virtud de una nota interna, sino porque los técnicos lo consideraron". Según explicó, la información de los técnicos era considerada la "interpretación objetiva", por la que el regidor y sus concejales aprobaban los permisos.

Finalmente, recordó que el entonces alcalde, Carlos Silva, no estaba en España cuando llegó la notificación de la sentencia que anulaba el acuerdo plenario y recordó que, dado que "no existe la más mínima prueba del conocimiento" de su contenido, tampoco la hay para demostrar "que se hubiese obrado al contrario".

Secretaria

Por otra parte, antes de la lectura de las conclusiones, prestó declaración la actual secretaria del Ayuntamiento de Gondomar, Nuria Lobato, (quien relevó en el cargo a la anterior secretaria) y quien explicó que cuando ella llegó a la Administración local no se le había hablado "del alcance" de la situación, pese a que ya había llegado el requerimiento de la Xunta sobre la paralización de licencias al rechazar el acuerdo plenario. Asimismo, apuntó que la citada "nota interna" no constaba en el expediente.

Esta funcionaria explicó que el auto del TSXG de noviembre en el que se anulaba el acuerdo plenario le fue entregado el 16 de enero por el propio alcalde y, debido a que no se le había dado entrada por el registro del Ayuntamiento, sino que había llegado al fax del regidor, decidió manuscribir una "diligencia" en la que informaba de su incorporación al expediente ese mismo día.

Asimismo, afirmó que las primeras resoluciones a las que tuvo conocimiento llegaban todas sin pasar por registro, hasta que habló con el despacho de abogados y les pidió que las enviaran al fax de Secretaría, dado que hasta la fecha se los daba "directamente en la mano" Carlos Silva.