Las numerosas irregularidades detectadas por el Consello de Contas en contratos públicos como el del transporte escolar, en las concesiones de centrales hidroeléctricas y en la gestión de determinados organismos en el año 2005 han puesto en el punto de mira la gestión económica del último Gobierno de Manuel Fraga. BNG y PSOE coincidieron en la urgencia de depurar responsabilidades por las anomalías aunque para ello propusieron dos fórmulas distintas. Mientras el Bloque pide la actuación de oficio de la Fiscalía, los socialistas consideran "razonable" que sea el Tribunal de Cuentas -que sí puede actuar ante presuntas irregularidades- quien adopte alguna actuación adicional.
Muy distinta fue la interpretación del informe por parte del líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que era vicepresidente del Gobierno de Manuel Fraga en el ejercicio fiscalizado. En este sentido, el presidente de los populares aseguró que "respeta" el informe del órgano fiscalizador y precisó que no hay "ningún inconveniente" en que la Xunta "revoque lo que haya que revocar", siempre que no sea sólo "por críticas innecesarias". No obstante, Feijóo se mostró "sorprendido" por que "si hay" irregularidades en 400 contratos del transporte escolar, el Gobierno los mantenga.
Sobre esto, el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, explicó que el bipartito "tiene que pagar" estos contratos porque para derogarlos habría que "denunciar e indemnizar".
Por ésta y otras presuntas irregularidades en las cuentas de 2005, Aymerich consideró que la Fiscalía "sin que nadie tenga que instarla", debería "investigar e informar de si hay o no en este caso algún tipo de relevancia penal". En este sentido, se refirió a las anomalías en la concesión de centrales hidroeléctricas, el 60% de las cuales acabaron en las manos de Luis Castro Valdivia, cuñado del ex director xeral de Enerxía Ramón Ordás y socio del presidente de la patronal gallega y de la mujer y los hijos de Francisco Vázquez.
Por su parte, el viceportavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, indicó que "no es la primera vez que ciertos nombres" aparecen vinculados a estas concesiones y que "debería dar lugar a una actuación de oficio por parte de otras administraciones".
Por su parte, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, considera que el dictamen del Consello de Contas es una "moción de censura" a la gestión del PP, mientras que Anxo Quintana no lo entiende como una "acusación", sino como un instrumento de aprendizaje para no caer en los mismos errores.
