Los ayuntamientos más turísticos de Galicia podrán incrementar sus ingresos fiscales para tratar de compensar el incremento de población al que tienen que hacer frente durante el verano. La nueva Ley de Turismo gallega, en fase de anteproyecto, reconoce el derecho de estos municipios a establecer "tributos y recargos específicos" con los que paliar el coste de los servicios básicos o complementarios que deben garantizar para toda la población.
Aunque la ley no fija a qué tipo de tributos pueden recurrir los municipios, ésta sí reconoce el esfuerzo inversor que deben realizar los gobiernos locales para mejorar o incrementar sus infraestructuras y equipamientos básicos y considera, por tanto, razonable que puedan tener también una fiscalidad acorde a su situación. Cada municipio podrá optar por diferentes tipos de tasas, pero lo normal sería la imposición de recargos sobre el sector turístico (gravámenes específicos sobre las infraestructuras hoteleras, tasas especiales por la recogida de basuras para bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería...) o incluso directamente sobre el turista, a través del pago de tasas directas por la prestación de determinados servicios.
En Galicia hay cuarenta ayuntamientos declarados "municipios turísticos": once en A Coruña, once en Pontevedra, nueve en Lugo y otros nueve en Ourense. Esta categoría, regulada por decreto desde 1998 y recogida ahora también en la nueva Ley de Turismo, está reservada para aquellos ayuntamientos que en verano vean incrementada su población habitual en un 25% o tenga un número de plazas hoteleras superior al 50% del número de vecinos. Además, los ayuntamientos con algún recurso declarado de interés turístico (como Santiago o Lugo) o que albergue eventos capaces de actuar como reclamo para una gran cantidad de visitantes también son susceptibles de obtener la declaración.
A cambio, estos municipios reciben una atención preferente en la elaboración de planes turísticos por parte de las distintas administraciones, en la adjudicación de ayudas o medidas de fomento económico y en las actividades de promoción impulsadas por la Xunta dentro y fuera de España.
Pero los municipios turísticos también deben cumplir con una serie de obligaciones, como recuerda la Ley de Turismo. Además de prestar los "servicios mínimos" que correspondan a la suma de los residentes y la población flotante que reciben en determinadas épocas del año, también deben garantizar la "protección de la salubridad pública y de la higiene", la "seguridad ciudadana", la "promoción de los recursos turísticos", y una correcta "señalización e información turística". Asimismo, la nueva ley les obliga a canalizar el asesoramiento a los visitantes a través de una oficina de información adherida a la Red de Turismo de Galicia y a poner a disposición de los usuarios "un servicio de acceso a Internet" en la propia oficina o en otros puntos de consulta "abiertos al público".
Vía sin explorar
Cumplir con todos estos requisitos genera un sobrecoste económico que no todos los ayuntamientos gallegos pueden afrontar con facilidad. Por eso, la Ley de Administración Local de Galicia de 1997 abría ya la puerta a la creación de tributos propios y específicos para el sector turístico.
En la práctica, sin embargo, esta posibilidad apenas ha sido explorada por parte de los ayuntamientos gallegos, de modo que su introducción en la nueva Ley de Turismo junto al recordatorio de todas las obligaciones que deben cumplir los municipios turísticos para mantener esta calificación le da una herramienta más a los gobiernos locales para incrementar sus ingresos.
La Xunta introduce así en Galicia un debate que suscitó ya a finales de los 90 una gran polémica en comunidades como Baleares, Madrid o Cataluña, por el rechazo del sector a impuestos como la famosa ecotasa de Mallorca y la firme oposición demostrada por algunos partidos como el PP.
La nueva Ley de Turismo, que entre otras cuestiones compendia las distintas categorías de establecimientos alojativos existentes en Galicia, limita la apertura de casas de turismo rural sólo a suelo rústico y fija los requisitos para la declaración de las Festas de Interese Nacional Galego, todavía está en fase de anteproyecto, aunque previsiblemente será aprobada por el Consello de la Xunta esta semana. La normativa, con todo, ya ha sido sometida a consultas por parte del sector, que de forma global le ha dado su visto bueno.
La Xunta endurece un 50% las multas al sector
El régimen sancionador de la nueva Ley de Turismo endurece todas las multas en un 50% respecto a las que fija la normativa de 1997. Aunque en términos absolutos el incremento de las sanciones por infracciones de carácter leve no es muy espectacular (pasando de 600 euros de máximo a 900) lo más llamativo es el cambio de filosofía en la lucha contra las faltas menos importantes cometidas por el sector.
Desde la Consellería de Innovación reconocen que la figura del "apercibimiento" que utilizaban los inspectores hasta ahora para sancionar las infracciones de carácter leve "no son prácticas ni tienen el efecto disuasorio deseado". Por eso, el régimen sancionador previsto en la nueva ley (multas de entre 300 y 900 euros) pretende lograr una mayor repercusión a la hora de corregir determinados comportamientos, de poca importancia pero reiterativos.
En cuanto a las sanciones graves y muy graves, se incrementan las multas, que pasan en el primer caso de un máximo de 6.010 euros a 9.000 y en el segundo de 60.101 a 90.000 euros.
