La nueva Lei de Vivenda reduce a una cuestión "ética" que alcaldes y ediles no sean promotores

La Xunta podrá expropiar los inmuebles en riesgo de derrumbe si los propietarios no los arreglan

08.07.2008 | 13:05

El anteproyecto de la Lei de Vivenda reduce a una incompatibilidad "ética" que los alcaldes y ediles no sean promotores, a pesar de que la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, admitió que hubiese preferido que el texto legal recogiese una prohibición expresa de esta actividad.

Así lo apuntó tras presentar esta norma y explicó que la Consellería de Presidencia fue la que entendía que este anteproyecto no podía prohibir la figura del alcalde-promotor por "cuestiones jurídicas". No obstante, Táboas se mostró "satisfecha" con esta ley y que se incluya esta incompatibilidad como "una cuestión ética".

Tras el pacto entre Presidencia y Vivenda, en la disposición adicional séptima se establece una modificación de la Lei de Administración Local de Galicia, impidiendo a los cargos representativos de los ejecutivos municipales la utilización del cargo de alcalde o concejal en beneficio proio o de terceras propias.

Otra de las novedades es que la Xunta podrá expropiar de manera forzosa los inmuebles siempre y cuando estén vacíos y presenten un deterioro grave, corran riesgo de derrumbe y sus propietarios no accedan a arreglarlos, aunque Teresa Táboas precisó que esta será "la última vía" y la justificó en que la administración "no puede mirar para otro lado mientras el país se cae", en alusión a derrumbes ocurrido en Ferrol, A Coruña y Vigo.

La conselleira explicó que este anteproyecto, que será aprobado el jueves por el Consello de la Xunta y prevé que salga adelante en el Parlamento antes de fin de año, supone "un auténtico código del derecho a la vivienda" y cierra el paquete legislativo de este departamento para la presente legislatura.

Fondo social para desfavorecidos

Igualmente se prevé el Fondo Social de Vivienda como un instrumento de colaboración institucional y financiera de la comunidad para procurar el derecho a la vivienda de los sectores más desfavorecidos.

Táboas subrayó que la nueva norma fija las condiciones de desalojo, realojo y retorno "con la finalidad de impedir el acoso inmobiliario", que pueda ser "directa o indirectamente" ejercido sobre el inquilino "por la vía de dejar que el inmueble se deteriore cada vez más, ignorando el deber de conservación y rehabilitación".

Para no perjudicar a ninguna parte, añadió que en caso de que la vivienda rehabilitada tengan un alquiler de renta antigua, la Administración autonómica "puede establecer programas de ayuda que permitan actualizarla hasta los niveles de mercado, con el límite máximo señalado para el alquiler de viviendas protegidas y atendiendo a la situación económica del inquilino".

Viviendas protegidas más grandes

Por otra parte, la vivienda protegida aumenta su superficie máxima de 120 a 140 metros cuadrados y el límite mínimo para las de un dormitorio se fija en 40 metros cuadrados útiles. Además, Táboas subrayó que "por primera vez" este tipo de inmuebles "podrán tener usos compatibles con el residencial".

Así, expuso que, siempre como autorización previa de la consellería, podrá acoger "algún tipo de actividad profesional de algún miembro de la unidad familiar o convivencial, cuando esta superficie 'laboral' no implique más de las tres quintas partes del total de la vivienda". "Cambian los tiempos y las nuevas tecnologías permiten trabajar desde casa", recordó la conselleira.

Teresa Táboas también resaltó que se quiere fomentar el alquiler como vía de acceso a una vivienda, por lo que "pasa a tener rango de ley", así como "proteger a los adquirientes y arrendatarios" con medidas como "un certificado de eficiencia energética del edificio" y que el precio publicitado "tengan que incluir todos los aspectos", como el del IVA y de los anexos.

Además, en materia de alquiler, una novedad es que el nuevo texto legal -que sustituirá a la Ley 4/2003- abre la puerta para un sistema de arbitraje de resolución de conflictos que puedan surgir entre el propietario y el inquilino, como solución previa y alternativa a la vía judicial.

Táboas concluyó que este anteproyecto "endurecerá" las sanciones para luchar contra el fraude, tanto en el uso como en la compraventa de vivienda protegida, "con la finalidad de que tengan un efecto disuasorio, cuestión que no se logra con la normativa actual".

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