El Concello de Ourense recurrirá el fallo que anula su plan urbanístico

 
María José Caride y Francisco Rodríguez, ayer, en Santiago. / Xoán Álvarez
María José Caride y Francisco Rodríguez, ayer, en Santiago. / Xoán Álvarez 
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El alcalde arguye que se deben preservar las inversiones de la Xunta y la economía

X. M. del Caño / Ourense
El Concello de Ourense prepara un recurso de casación, que presentará ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia emitida por la sección segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula el Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense. El alcalde y el teniente de alcalde, Francisco Rodríguez y Alexandre Sánchez Vidal, en representación del PSOE y del BNG, concuerdan en la necesidad de recurrir el fallo para evitar que se paralice el sector de la construcción en la ciudad, que genera más de 10.000 empleos, y para que no se pierdan las cuantiosas inversiones que la Xunta tiene previsto realizar.
Paralelamente, la Administración local acometerá la revisión del plan, para que ninguno de los 13 recursos que permanecen pendientes de resolución puedan anularlo. Por su parte, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, anuncia que su departamento "dará apoyo técnico y financiero" al Concello ourensano para que pueda reformar el ordenamiento urbanístico. Y el presidente de la Xunta, Pérez Touriño, también comprometió su respaldo al regidor, antes de emprender viaje a Francia.
Francisco Rodríguez indica que el Ayuntamiento tomará decisiones encaminadas en una triple dirección: "Garantizar que el desarrollo urbano ordenado de la ciudad no sufra ningún parón, que no se vea frenada la ciudad en un sector tan importante y sensible de nuestra economía como es el de la construcción y asegurar el desarrollo de las inversiones y dotaciones públicas previstas, como la construcción de centros de salud, el Centro de Interpretación da Natureza y la Ciudad de la Justicia, entre otras". El alcalde asegura que esas actuaciones públicas "no sufrirán ningún retraso".
El PXOM de Ourense fue anulado, entre otras irregularidades, porque el documento que se sometió a exposición pública para recoger las alegaciones no fue el que finalmente aprobó la Consellería de Política Territorial y la corporación municipal con los votos del PP.
El regidor se puso en contacto con el teniente de alcalde, el nacionalista Alexandre Sánchez Vidal, y en breve lo hará con el portavoz del PP, Enrique Nóvoa, "para iniciar cuanto antes, con la menor demora posible, los trámites para dotar a Ourense de un nuevo instrumento de ordenación urbanística" que, según su criterio, "tiene que ser políticamente sensato, socialmente justo y técnicamente solvente y viable, desde el punto de vista económico y financiero".
Seguridad jurídica
Este tipo de reformas, consistirán en "abordar la revisión del Plan de Urbanismo, que nos devuelva a un escenario de seguridad jurídica, para afrontar el desarrollo urbano de la ciudad durante los próximos quince o veinte años".
Rodríguez celebró ayer "una reunión de urgencia" con María José Caride, al considerar que para solucionar la crisis "es necesario ir de la mano, para actuar de una forma conjunta entre el Concello y la Consellería de Política Territorial, que es la que tiene la última responsabilidad de aprobar cualquier cambio político de planificación urbanística". Y explica que Caride comprometió "todo el apoyo técnico, jurídico y económico que sea necesario" para la revisión del plan.
El presidente de los constructores gallegos, Eligio Nieto, anuncia que el colectivo que representa también presentará recurso contra la sentencia, al estar personado. Y explica que la suspensión de licencias, por la anulación del Plan de Urbanismo de Ourense, "supondría el cierre de casi todas las empresas constructoras de la ciudad", porque la aprobación de una nueva ordenación municipal podría demorarse entre cuatro y siete años. Y advierte de que la construcción mantiene más de 15.200 empleos directos en el conjunto de la provincia, pero el sector genera unos 60.000 puestos de trabajo. Nieto indica que si se suspende el PXOM de 2003, "quedaría en vigor el de 1986, que dejaría muy poco margen de maniobra, porque no está adaptado a la nueva Ley del Suelo. Por lo tanto, se podría hacer muy poco".

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