Fiscales gallegos propusieron hoy, en una reunión con homólogos del norte de Portugal, la firma de un protocolo de cooperación con el ministerio público del país vecino, con la finalidad de proteger a las víctimas de la violencia de género de ambas nacionalidades, tanto en uno como en otro territorio.

Así lo confirmó la fiscal de los juzgados de Santiago Arancha Sanjosé, quien afirmó que, tras la celebración de las jornadas que reunieron a medio centenar de fiscales de ambos países en Vigo, comprendieron que "el sistema legal es prácticamente el mismo, y también los mismos problemas" en los procedimientos abiertos por violencia de género.

Sanjosé explicó que la propuesta realizada por los fiscales gallegos en estas jornadas tuvo una buena acogida, tanto por parte del representantes del ministerio fiscal de Portugal, Joâo António Gonçalves, como por parte de la representación de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo, y que la intención es que el acuerdo se pueda extender para ser rubricado en el ámbito nacional.

La propuesta presentada surgió a raíz de las dificultades que tienen las fiscalías para controlar las órdenes de protección de las víctimas o las posibles huidas de los agresores, tanto en el caso de que las víctimas sean gallegas y sus agresores portugueses, como viceversa, ya estén viviendo en territorio gallego o portugués.

Entre las medidas incluidas en este protocolo de buenas prácticas, se recoge la necesidad de que los requerimientos y las peticiones de colaboración entre los fiscales de ambos países "tengan trato preferente", así como el uso de medios tecnológicos, como la videoconferencia, para facilitar esta colaboración. Esto permitirá, según explicó Arancha Sanjosé, que un fiscal gallego pueda tomar declaración a un supuesto agresor que esté en Portugal a través de videoconferencia, o que la víctima pueda prestar testimonio sin estar al lado del maltratador.

Medidas civiles

La propuesta planteada hoy también incluye, además de colaboración en materia penal, un acuerdo para la adopción de medidas civiles con la finalidad de, entre otros puntos, "que no haya discordancias entre las sentencias de divorcio y separación de España y de Portugal".

Estas medidas permitirán, explicó la fiscal de Santiago, asegurar cuestiones como la guardia y custodia de los hijos o evitar el secuestro de menores y su traslado al otro país. En todo caso, Sanjosé recordó que ya existe normativa europea para regular estas sentencias de tipo civil.

Recursos públicos

Las jornadas fueron clausuradas por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela; la secretaria Xeral de Igualdade, Carme Adán, y el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. En ese acto, Adán desveló que, según los datos recabados en las mesas de trabajo con los agentes sanitarios, una de cada tres mujeres que acuden a una consulta de Atención Primaria es víctima de violencia machista.

En ese sentido, Adán defendió la formulación de la ley gallega contra la violencia de género, por hacer hincapié, además de en el aspecto penal, en el papel de los agentes sociales y sanitarios. "Es importante el cumplimiento de penas, pero también que las mujeres se sientan protegidas", añadió.

Por su parte, el fiscal jefe del TSXG destacó el carácter multidisciplinar de la normativa española contra la violencia de género y el incremento en el número de denuncias, debido a la "mayor confianza en el sistema judicial", y a la concienciación de las víctimas.

En ese sentido, desveló que los juzgados de Vigo iniciaron en 2007 más de mil procedimientos por esta causa, de los cuales, la mayoría fueron denuncias por lesiones presentadas por las propias víctimas, así como 395 órdenes de protección (frente a las 114 del año anterior).

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta que recordó que su departamento ya ha aprobado la concesión de 629 'salarios da liberdade', subrayó que Vicepresidencia ha multiplicado por siete los recursos económicos destinados a la lucha contra la violencia de género.

En todo caso, Quintana exigió la "correspondencia equitativa" por parte del Gobierno central y, tras manifestar el "mejor deseo de colaboración" con la nueva ministra de Igualdad, afirmó que "es el momento de trabajar juntos con cooperación inteligente". Así, subrayó que "es precisa una lógica concertada "en la aplicación de la ley integral de violencia de género y que Galicia "necesita nuevos recursos, medios y mejores dotaciones".