Llevar el gas doméstico a todos los concellos gallegos no es nada fácil. Una vez más, como en muchos otros proyectos, la dispersión de la población y la particular orografía de la comunidad, juegan en contra. Tanto, que la inversión en las obras necesarias para canalizarlo son rentables en muy pocos casos. Por eso, la Consellería de Innovación y el Ministerio de Industria subvencionan los trabajos de las empresas que participan en el plan de gasificación de Galicia. Son dos, por el momento, Gas Galicia y Gas Directo. Ese plan, sin embargo, está paralizado en la actualidad, precisamente porque las ayudas que tienen que llegar desde el Gobierno central acumulan un año de retraso. Una situación que afecta a 35 ayuntamientos y varios polígonos industriales, donde estaba previsto entrar ahora con la red de distribución.
A la espera de la decisión que llegue desde el Ministerio de Industria están, por un lado, A Guarda, Bueu, O Grove, Ponteareas, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Sanxenxo y Tomiño, en la provincia de Pontevedra; A Pobra do Caramiñal, Ares, As Pontes, Bergondo, Boiro, Cerceda, Mugardos, Rianxo, Ribeira y Sada, en A Coruña; y en el norte de Lugo, en la zona de A Mariña, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Ribadeo, Viveiro y Xove; y los parques empresariales de Penapurreira (As Pontes), O Acevedo (Cerceda) y O Pousadoiro (Vilagarcía). Todos pertenecen a la cuarta fase del plan de gasificación de Galicia, para el que la Xunta y la empresa encargada de la red, Gas Galicia -controlada por Gas Natural y con la participación del propio Gobierno gallego y Caixa Galicia-, firmaron en junio de pasado año un convenio de colaboración. El coste de las obras -con 100 kilómetros de redes y ramales y 39.947 puntos de conexión con edificios y naves- asciende a 18,794 millones de euros y la ejecución estaba prevista en cuatro años.
La Administración autónoma tiene también firmado ya el convenio con Gas Directo para los trabajos en Carballo, Pontedeume, Coirós, As Somoza, San Sadurniño, Ortigueira, Ponteceso, Santa Comba, Arzúa y Melide. Con un presupuesto de 49 millones de euros, de los que el 30% corren a cargo de la Consellería de Innovación, la actuación contempla 178 kilómetros de gasoductos y 91 de redes de distribución para abastecer a una población potencial de 84.400 hogares. Estaba previsto que la construcción arrancara en 2007 o en 2008.
Las gestiones
En ambos casos, las obras siguen a la espera de lo que se conoce como retribución específica. La contribución que hace el Ministerio de Industria para garantizar la rentabilidad de las infraestructuras -de un máximo de 18 millones de euros por proyecto- y para la que es necesaria la formalización de un convenio marco con los Gobiernos de la comunidad donde se actúa.
Cumplidos todos los requisitos, desde el Ejecutivo gallego no entienden por qué la Administración central "a estas alturas" no sacó ya las retribuciones para Gas Galicia y Gas Directo. La Consellería de Innovación e Industria asegura que ha hecho todas las gestiones necesarias. Que ha dado incluso algún toque de atención al departamento que dirige en funciones Joan Clos para que agilice el visto bueno a las subvenciones. "Hay mucho retraso en la aprobación", apuntan. Hasta el momento no han tenido ninguna respuesta, con la correspondiente paralización de los trabajos y del impulso a la red gallega de suministro de gas ciudad.
