Cuando arrancó 2017, el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo, era el único investigado por el siniestro del 24 de julio de 2013 en el que perdieron la vida 80 personas y más de 140 resultaron heridas. Sin embargo, ya no está solo en la lista de lo que antes se conocía como imputados. Primero fue citado el exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y en octubre el juez decidió investigar a Antonio Lanchares, director de seguridad en la circulación de Renfe en el momento de los hechos, "por su implicación en la evaluación de riesgos de la línea en la que se produjo el siniestro", y citó en la misma calidad de investigados a tres técnicos de la consultora Ineco que realizaron un informe de evaluación sobre la línea. Lo complejo del caso provocó que el magistrado decidiera prolongar la instrucción hasta finales de 2018.
De forma paralela, la asociación de víctimas Alvia 04155 conseguía el aval de Europa a una nueva investigación independiente de la CIAF, aunque el organismo desechó por ahora esa posibilidad, y además la Comisión Europea solicitó este año un nuevo informe a la Agencia Ferroviaria Europea para dilucidar si España cumple con la seguridad ferroviaria.
Otro de los éxitos de las víctimas, tras cuatro años de lucha, fue que el Congreso aceptase una comisión de investigación sobre el siniestro. No obstante, el órgano lleva dos meses parado ante la falta de acuerdo de las formaciones políticas sobre quién ejercerá de presidente.
