El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández, se refirió ayer en Vigo a la denuncia que el ministerio cursó a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para cuantificar y cargar al Gobierno de Cataluña "los daños causados al erario público" al organizar la consulta del pasado 1 de octubre. De igual modo, pidió que se analice la "responsabilidad" que puedan tener en este proceso las entidades Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Antes de participar en un almuerzo-coloquio organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia, Fernández concretó que es necesario investigar "todas las subvenciones" recibidas por estas dos entidades para que se explique a dónde fue a parar "hasta el último euro". A este respecto, solicitó a las entidades financieras máxima colaboración para informar al Tribunal de Cuentas de los pagos por transferencia bancaria de ANC y Òmnium.
En lo tocante a la responsabilidad del ya extinto Gobierno de Cataluña en la votación del pasado 1 de octubre, Fernández indicó que la denuncia fue enviada el pasado 20 de octubre y que con ello busca que se defina el montante total empleado en la celebración de la votación y que se "identifique" al Govern como "responsable" de ese gasto de dinero público, así como que se reclamen "las indemnizaciones que correspondan" a sus integrantes.
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, por su parte, ha dejado abierta la posibilidad de que este tribunal asuma todas las causas abiertas en relación con el proceso soberanista en distintas sedes judiciales, una decisión sobre la que hay diversidad de criterios, sobre los que prevalecerá el del juez Pablo LLarena.
Será este juez, el instructor del caso en el alto tribunal, quien decida si reclama parte o toda la causa vinculada a la declaración unilateral de independencia en Cataluña y a delitos como rebelión o sedición, malversación, prevaricación o desobediencia en diferentes tribunales (además del Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y un juzgado barcelonés).
Existe una querella en el Juzgado 13 de Cataluña en cuya investigación se ordenaron unos registros que a su vez dieron lugar a posibles delitos de sedición por impedir la acción de la Policía Judicial.
La investigación de la comisión de esos delitos de sedición por personas como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, responsables de ANC y Omnium Cultural, recayó en manos de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que los envió a prisión preventiva. Ella se ha hecho cargo, a su vez, de la posible comisión de delitos como sedición y rebelión, además de malversación, por parte de los exmiembros del Govern.
Junto a ello, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se instruyen querellas contra miembros del Parlament, entre ellos la expresidenta, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa, por delitos como desobediencia y prevaricación, en relación con las sentencias del Constitucional que han incumplido.
