El consejero catalán de Salud, Antoni Comín, asumió ayer la dirección de 29 consorcios y empresas públicas del sector a fin garantizar la apertura de ambulatorios y centros de salud como puntos de votación.
Se trata de una decisión similar a la tomada semanas atrás por la titular de Enseñanza, Clara Ponsatí. Como entonces, el Govern carga sobre Comín y su equipo de colaboradores las responsabilidades ante los tribunales que pudieran derivarse de la apertura de centros sanitarios como colegios electorales.
Paralelamente, la comunidad educativa se moviliza para impedir que los colegios sean precintados antes del sábado, como ha ordenado la Fiscalía.
"Nos comprometemos a hacer posible que el próximo domingo todos los catalanes puedan ir a su colegio electoral a expresar libremente su opinión en una urna", anunció el portavoz de la plataforma SomEscola.cat, Josep Maria Cervelló.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (FaPaC) denunció la "injerencia judicial y policial" en los colegios, en referencia a la presencia de agentes de los Mossos para identificar y tomar declaración a los directores de las escuelas designadas como colegios electorales el 1-O.
Ni la celebración del referéndum ni el precinto de colegios electorales ordenado por Fiscalía para impedirlo debería afectar a la asistencia sanitaria, según Salud, que ha señalado que no tiene noticias de registros policiales en estas dependencias.
