El Tribunal de Cuentas fijó ayer una fianza de 5,2 millones de euros para el expresidente catalán Artur Mas por el desvío de dinero público para la consulta del 9 de noviembre de 2014 (9-N), que deberá abonar en quince días si no quiere que sus bienes sean embargados. El Tribunal ha dividido el coste estimado del 9-N (4,8 millones y 400.000 euros de intereses) en varios bloques y se los ha asignado a Mas y a otros ocho ex altos cargos de la Generalitat, con la particularidad de que Mas aparece en todos los bloques, por ser considerado "máximo y último responsable" de la llamada a las urnas.
Todos y cada uno de los bloques tienen carácter solidario, por lo que Mas es responsable de la cantidad global y tendría que abonar los eventuales impagos de los otros ex altos cargos.
Los exdirigentes catalanes a los que también se ha impuesto fianza son la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau (3 millones), el exconsejero de Presidencia Francesc Homs (2,1 millones) y la exconsejera de Gobernación Joana Ortega (800.000 euros), además de directores generales y secretarios generales como Lluis Bertrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Jaume Domingo.
Del total de la fianza impuesta, el 60% corresponde a la compra de ordenadores portátiles para las mesas de votación (2,8 millones más 250.000 euros de intereses). En este apartado sólo aparecen como responsables Mas y Rigau. La siguiente irregularidad más costosa es la campaña de publicidad institucional, que con intereses suma 876.560,63 euros. Viene a continuación el diseño del soporte informático necesario para la consulta, al que se le atribuye un coste de 759.470,76 euros. La cuantía total se completa con los 334.755,47 euros correspondientes al envío de información; los 156.793,23 euros que costó el centro de prensa para la cobertura informativa de la consulta, y los 54.694,92 euros empleados en la fabricación y transporte del material para la votación.
Los abogados de Societat Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes, las dos asociaciones que interpusieron la denuncia contra los nueve encausados, explicaron que las cantidades aún pueden aumentar ya que se han encontrado "algunos gastos relacionados con el 9-N procedentes de partidas estatales".
Los defensores de Mas y los otros encausados expresaron la "absoluta disconformidad" con la resolución, que, según dijeron, tiene una fundamentación jurídica "muy defectuosa". El abogado del expresidente, Rafael Entrena, aseguró que se trata de un "clarísimo ejemplo de desviación de poder" en el que "se ha instrumentalizado al Tribunal de Cuentas para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros por lo que puedan hacer", dijo en alusión al 1-O.
