El Tribunal de Cuentas ha reclamado hoy al expresidente catalán Artur Maspor los gastos que conllevó organizar y celebrar el referéndum ilegal del 9 de noviembre del año 2014, por el que también tendrán que responder otra decena de cargos de su Govern.

Según fuentes cercanas a los representantes legales, en esa cantidad ya estarían sumados 400.000 euros de intereses.

Mas sería responsable solidario de 5,2 millones de euros, como presidente que era de Cataluña en 2014 y máximo responsable de las cuentas públicas.

Junto a Mas, entre los encartados se encuentran los exconsellers Joana Ortega, Irene Riagau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados por la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

La fianza más elevada sería la impuesta a Ortega, de unos 3 millones de euros, mientras que la de Homs sería de 2,1 millones, y la de Ortega, de 0,8 millones, han explicado fuentes de Sociedad Civil Catalana (SCC), que instó a que se incoara el expediente.

De acuerdo con estas fuentes, está por ver si se mantendrán esas cantidades porque puede haber alegaciones e incluso puede haber liquidaciones complementarias que aumenten el cómputo.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado que se facilitará a los representantes legales un acta de liquidación provisional con lo que tiene que pagar cada uno de los encartados, representados por cuatro abogados y un procurador.

Los afectados dispondrán de 15 días para depositar la fianza y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, su patrimonio. La fianza tiene la peculiaridad de ser "solidaria", es decir, que si alguno de los encartados no tiene dinero, los demás habrán de responder por él.

Los abogados de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y Jordi Vilajoana han denunciado este lunes "irregularidades" e "instrumentalización" del Tribunal de Cuentas en el procedimiento por el que este órgano ha establecido fianzas solidarias.

En declaraciones a los medios de comunicación a su salida del tribunal, Rafael Entrena, abogado de Mas, Ortega, Rigau y otros dos responsables del 9N, ha expresado su "absoluta disconformidad" con la decisión, ya que considera que tiene "una fundamentación jurídica muy defectuosa".

Además, opina que el propio Tribunal de Cuentas es un "clarísimo ejemplo de desviación de poder" porque se le está "instrumentalizando para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros por lo que puedan hacer".

Para el abogado del expresidente Mas, "no se dan los requisitos para exigir una responsabilidad contable", pues "todos y cada uno de los contratos y pagos que se efectuaron tenían una buena ordenación contable, habían sido intervenidos por los órganos competentes y tenían base legal".