La reacción más inmediata del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra la admisión a trámite de la ley de Referéndum por la Mesa del Parlament fue presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia. Esto es, pedirle la paralización inmediata de los acuerdos adoptados ayer por el legislativo catalán, en cumplimiento de anteriores sentencias en las que el TC anuló la resolución independentista de 2015 y prohibió todo paso hacia su aplicación. En paralelo, Rajoy instó al TC a deducir testimonio de las actuaciones de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los otros cuatro miembros de la Mesa que permitieron la admisión a trámite, para que establezca las responsabilidades penales oportunas.
El incidente de ejecución de sentencia fue presentado al TC a las cuatro de la tarde. En sus 34 páginas, la abogacía del Estado pide al Constitucional que actúe con la mayor claridad, contundencia y urgencia, y le insta a no limitarse a una "mera declaración de nulidad", pidiéndole que la acompañe de "todas aquellas medidas necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de secesión de Cataluña". El TC, que ayer levantó su pleno a las dos sin haber recibido el documento, se reunirá de nuevo esta mañana.
La petición del Gobierno no requirió su reunión en Consejo, por derivarse de sentencias previas del TC. El Ejecutivo sí que se reunirá hoy, sin embargo, para tramitar un recurso contra la convocatoria de referéndum aprobada anoche, una vez que el Consejo de Estado haya emitido su informe.
A la vez que se movía el Gobierno, la Fiscalía Superior de Cataluña anunció una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa que votaron la admisión a trámite de la ley referendaria. Tres asociaciones judiciales -la Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente- anunciaron que su "obligación como jueces y magistrados será no aplicar" ninguna de las llamadas leyes de desconexión (la de Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica), por situarse "fuera del marco constitucional".
Acto de vergüenza
Las medidas del Gobierno fueron anunciadas por su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en rueda de prensa, calificó el "abochornante espectáculo" como "una patada a la democracia y a los catalanes". Para Sáenz de Santamaría, lo que ayer se consumó en el Parlament fue "un acto de fuerza".
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, expresó todo el respaldo socialista al Gobierno contra lo que calificó de "mascarada groseramente orquestada". Ábalos envió su "apoyo sin fisuras a los parlamentarios catalanes que defienden la legalidad".
