Búsqueda de nuevas pruebas

La Guardia Civil entra en la Generalitat y el Parlament por la trama del 3% de CDC

Se hicieron con la agenda del diputado Germà Gordó - El letrado mayor de la Cámara duda de la legitimidad del 1-O y juzga un "grave error" afirmar que el Estado "mantiene formas autoritarias"

21.07.2017 | 02:13
Agentes de la Guardia Civil, vestidos de paisano y tapando sus rostros, saliendo del Parlament. // Efe

Agentes de la Guardia Civil se presentaron ayer en el Parlament, el Palacio de la Generalitat y la Consejería de Justicia para recabar información relativa a las actividades del diputado no adscrito Germà Gordó, que el próximo lunes declara como imputado ante el juez que investiga la trama del 3% que afecta a la antigua Convergència (CDC), desde hace un año el PDeCAT.

Los agentes, vestidos de paisano y encabezados por el fiscal anticorrupción José Grinda, no han realizado registros salvo en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. En el Parlament, la Generalitat y la Consejería se limitaron a pedir la información requerida por el juez del "caso 3%", Carlos Ramos.

Sin embargo, su visita a la sede del Govern no estuvo exenta de polémica: el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, les conminó a permanecer en una sala de espera mientras se buscaba la información solicitada por el juez. "Colaboración con la justicia, toda. Espectáculos y humillaciones en el Palau que desde hace seis siglos acoge la Generalitat, ni una", escribió Turull en Twitter.

Después de varias horas de espera, los agentes abandonaron el Palacio de la Generalitat con la agenda que detalla los actos oficiales de Gordó entre 2010 y 2012, cuando era secretario del Govern, aunque sin concretar sus reuniones privadas, pues estos datos figuran en los ordenadores de la Secretaría del Ejecutivo.

El juez Ramos envió a los guardias civiles al Palau a pedir el libro de visitas y la relación de las personas que daban apoyo administrativo a Gordó cuando era secretario del Govern. Lo primero no fue hallado, por lo que los agentes esperaron a que se les facilitara su agenda de actos oficiales. La misma escena se repitió en la Consejería, de donde los guardias civiles también se llevaron un listado del personal de apoyo y la agenda pública del diputado, al que se investiga por tráfico de influencias, prevaricación y malversación. En el Parlament, donde los agentes hubieron de dejar sus armas para entrar, la diligencia consistió en hacer una copia de la cuenta del correo de Gordó.

Mientras, el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, duda de la legitimidad del 1-O, que presenta como un "movimiento táctico" que puede acarrear "un problema de credibilidad", en un artículo publicado en la Revista Catalana de Derecho Público.

Bayona empieza recordando que el acuerdo de Junts pel Sí y la CUP, tras las elecciones de 2015, ha llevado a "enfatizar el carácter unilateral" del "procés". Después admite que la "contraposición del principio democrático y el principio de legalidad", argumento esgrimido hasta la saciedad por el independentismo, "podría tener justificación" en un Estado autoritario, pero advierte del "grave error de apreciación política y jurídica" que puede acarrear "pretender, a partir de la constatación de ciertos déficits, que el Estado español mantiene formas autoritarias (posfranquistas) que lo convertirían en no democrático".

En este contexto, Turull llamó a votar a los contrarios a la independencia porque el 1-O "es la última oportunidad que tienen".

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