El desafío soberanista

El fiscal general no descarta que se actúe contra los voluntarios que participen en el 1-O

Maza avisa que se perseguirá la compra de urnas aun si es encubierta - El Tribunal de Cuentas pide que Mas pague por el 9-N

20.07.2017 | 01:38
De izq. a dcha., Soler, Forn y el mayor de los Mossos. // Efe

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lanzó ayer una nueva advertencia a los promotores de la consulta secesionista del 1-O: el Ministerio Público perseguirá penalmente por un supuesto delito de malversación la compra de urnas, aun si es encubierta. Y no descartó que si el plebiscito ilegal llega a celebrarse, haya que proceder contra los voluntarios que participen en su organización.

"La cuestión está más en el límite de lo que pudiera ser una conducta ilícita penal o no. Es un tema a estudiar, que yo espero no tener que estudiar, pero a estudiar", recalcó.

Lo que sí descartó Maza es que pueda haber disparidad de criterios entre la Fiscalía General del Estado y los fiscales de Cataluña, como ocurrió en las semanas previas a la celebración de la pseudoconsulta del 9-N . "Seguro que hay unidad de criterio, y, si no, yo soy el responsable de que la haya", declaró, tajante. Y continuó con el mismo tono: "Hace falta jerarquía y la van a tener; y yo, llegado el caso, daré las instrucciones oportunas que van a cumplir no por imposición, sino por convicción y por lealtad".

Paralelamente, el Tribunal de Cuentas agilizó el trámite para someter a juicio contable al expresident Artur Mas por la organización y celebración del 9-N: la corte nombra a un delegado instructor para que determine si debe pagar con su patrimonio los costes de aquella cita electoral, por la que ya fue inhabilitado en marzo para ejercer cargos públicos durante dos años.

El Tribunal de Cuentas investiga si Mas y los exconsejeros Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs -también inhabilitados- tienen responsabilidad en el gasto de los más de cinco millones de fondos públicos empleados en la pseudoconsulta.

La sala de justicia del tribunal se inclina por pensar que sí, que se produjo "un menoscabo del erario debido a la adopción de decisiones de gasto y pago" sin el "suficiente respaldo normativo". Y cree, asimismo, que están identificados "de manera suficientemente precisa" unos hechos de los que "se pudiera haber derivado un daño a fondos públicos" y que serían constitutivos de "responsabilidad contable".

En la antípoda, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, advirtió que la celebración del 1-O es un "tsunami democrático" que nadie podrá frenar.

Turull lamentó que el Estado insista en estas acciones para frenar el proceso soberanista, e ironizó sobre la cuantía que el Tribunal de Cuentas puede llegar a reclamar a los cuatro investigados por el 9-N: "Si se piensan que por menos de un euro por catalán frenarán la independencia, es para reírse".

Entre tanto, el nuevo consejero de Interior, Joaquim Forn, prometió que los Mossos d'Esquadra permitirán que los ciudadanos puedan votar el 1-O en condiciones "de tranquilidad y seguridad". "Como cualquier policía de cualquier país del mundo cuando hay elecciones, harán que la gente pueda votar". Y "se rigen por la ley", dijo de la Policía autonómica, tras la renuncia de su director, Albert Batlle, por "motivos políticos", y el nombramiento de Pere Soler, de fuertes convicciones independentistas, como su sustituto. Soler se limitó a decir que trabajará al frente de los Mossos "para servir al país, como no podía ser de otra manera".

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