El consulta catalana está sufriendo una pérdida de respaldo político y social cuando entra en unos días decisivos, en los que se espera que el presidente Carle Puigdemont anuncie la fecha y la pregunta de la convocatoria. Pacto Nacional por el Referèndum, la plataforma promovida por Puigdemont en diciembre pasado para ampliar la base social del soberanismo y reclamar una consulta pactada con el Estado, se desmarcó ayer de la inminente convocatoria unilateral al señalar que "ni avala ni desautoriza" las decisiones que puedan adoptar instituciones y partidos en un futuro.
Después de una reunión para analizar la negativa del Gobierno de Rajoy a negociar la convocatoria, la comisión ejecutiva de Pacto Nacional cesó ayer en sus funciones por considerar cerrada ahora toda posibilidad de que la consulta se haga con el acuerdo del Ejecutivo central.
El presidente de Junts pel Sí (JxSí), Jordi Turull, considera que "no se le puede pedir" al Pacto Nacional por el Referéndum que avale la vía unilateral, porque su objetivo fundacional era conseguir una consulta acordada. Pese a ello, el propio Puigdemont apuesta por la continuidad del Pacto Nacional aunque advierte que ello no significa una renuncia a convocar la consulta sin acuerdo.
JxSí y la CUP rechazaron ayer las enmiendas de la oposición y sacaron adelante en comisión su propuesta de reforma del reglamento del Parlament para aprobar de forma exprés las leyes de "desconexión" y habilitar la cámara en agosto, para garantizar que se cumple el probable calendario de la consulta.
Con los votos a favor de los dos grupos independentistas y el voto en contra de Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que es Pot y el PPC, se aprobó que "una proposición de ley, a solicitud del grupo promotor, se puede tramitar directamente en lectura única".
Para la oposición esta reforma supone "anular la democracia parlamentaria" además de "vulnerar" los derechos de los diputados. Ahora sólo falta el aval del pleno del Parlament para que el cambio sea efectivo.
