El PP, en el ojo del huracán por la operación Lezo, el encarcelamiento del expresidente madrileño Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre, ultima un órgano que creó en el último congreso y que vigilará de oficio a sus cargos públicos para evitar nuevos casos de corrupción.
Se trata de la Oficina del Cargo Popular, que como adelantó la pasada semana el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, se pondrá en marcha en la próxima reunión que celebre la dirección del partido, ya sea un comité ejecutivo nacional o una junta directiva. Será entonces cuando se dé luz verde a la creación de este órgano autónomo y que formarán entre tres y cinco miembros del partido expertos en derecho que no podrán ostentar ningún cargo público.
Según los estatutos, a la oficina le corresponderá supervisar a los cargos públicos y orgánicos y comprobar que cumplen con todos los requisitos necesarios para su función, comprobarán los datos económicos de cada cargo y conservarán la documentación reclamada en cada caso. Con todo, al final será como siempre el Comité de Derechos y Garantías el encargado de instruir y resolver los procedimientos disciplinarios.
