Después de los 52 días de incertidumbre transcurridos desde la imputación del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, los acontecimientos políticos se precipitaron ayer en Murcia con la decisión del PSOE de presentar una moción de censura para desalojar al actual jefe del Ejecutivo. Los socialistas se anticiparon a Ciudadanos, que había anunciado la misma iniciativa si Sánchez no renunciaba al cargo antes de un plazo que expiraba mañana. Sin embargo, ambos grupos no coinciden en sus intenciones. Mientras que el PSOE quiere que la moción deje paso a un Gobierno con participación de Ciudadanos y Podemos, el partido de Rivera, gracias a cuyo apoyo fue investido Sánchez, defiende que la salida del actual Ejecutivo debe ser para convocar una nuevas elecciones. Con esta discrepancia de fondo, la censura del PSOE carece de garantías de prosperar. Los socialistas tienen trece de los 45 diputados de la Asamblea de Murcia, por lo que para que la moción salga adelante necesitaría el apoyo de los cuatro representantes de Ciudadanos más los seis de Podemos. El PP cuenta con 22 diputados, uno por debajo de la mayoría absoluta.

La moción lleva la firma de los 13 diputados del PSOE y propone como candidato a la presidencia a su portavoz, Rafael González Tovar. La mesa de la cámara regional deberá estudiar si la admite a trámite, para lo que resultaría decisivo el voto de Ciudadanos, y se debatirá cinco días después de que supere ese filtro.

"Si el PSOE quiere darle voz a los murcianos, apoyaremos esa moción, pero no para formar componendas", advirtió ayer portavoz de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez. El partido de Rivera se resiste a entrar en un Ejecutivo con Podemos, que ya manifestó su respaldo a la moción socialista. El PP murciano muestra su confianza en que Ciudadanos "esté a la altura", no apoye al PSOE y espere unos días, hasta que la justicia resuelva el "caso Auditorio".

Por otro lado, Alberto Garre, que fuera presidente de Murcia entre 2014 y 2015, pidió la baja como afiliado del PP mediante una carta a Mariano Rajoy, a quien acusa de ser el máximo responsable de la "inacción ante la corrupción".