28 de febrero de 2017
28.02.2017
Memoria Anual

Las quejas al Defensor del Pueblo bajan un 7,5%

Bajaron hasta las 16.485, un descenso contrasta con el aumento del 17,8% de las recomendaciones

28.02.2017 | 13:04
Soledad Becerril, la defensora del Pueblo.

Las quejas remitidas al Defensor del Pueblo bajaron un 7,5 % en 2016 hasta las 16.485, una descenso que contrasta con el aumento del 17,8 % de las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las administraciones hechas por esta institución que sumaron 1.771.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la Memoria Anual de 2016 que recoge la actividad de la institución en un año en el que las cuestiones que más han preocupado a los ciudadanos han sido la función y el empleo público, la administración de justicia, la actividad económica y las migraciones.

La institución incrementó en un 67 % sus actuaciones de oficio hasta alcanzar los 872 expedientes y tramitó 39 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad, un 20,4 % menos que en 2015.

Entre los asuntos que han despertado más inquietud en la ciudadanía, Becerril ha destacado la lentitud de la administración de justicia, los problemas fiscales, la demora en los trámites para obtener la nacionalidad y la seguridad pública.

También han suscitado quejas los servicios públicos esenciales como los cortes de suministro eléctrico, los tiempos de espera para las operaciones quirúrgicas, los ruidos en las grandes capitales, la contaminación atmosférica y los problemas de vivienda.

La defensora del Pueblo ha destacado que la institución tarda una media de 28 días en responder a los ciudadanos y 48 en emitir una resolución tras recibir la respuesta de la Administración.

Entre otras actuaciones, ha resaltado sus 26 recomendaciones para mejorar el sistema de acogida e integración de los refugiados en España y ha reclamado una política común de asilo en toda la Unión Europea.

Ha lamentado el alto número de mujeres víctimas de violencia de género y ha hecho un llamamiento a replantearse los procedimientos de detección del riesgo y protección de las mujeres y de sus hijos, algo sobre lo que están trabajando el Congreso y el Senado.

Becerril ha hecho hincapié en las actuaciones sobre la pobreza energética, el bono social eléctrico y el aplazamiento de deuda para las familias que no pueden pagar el coste del suministro eléctrico.

Pide reforzar los comedores escolares

Ante las consecuencias de la crisis económica, ha recomendado a 62 ayuntamientos de más de 100.000 habitantes que refuercen los comedores escolares en verano para las familias con menores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, ha reclamado una mayor protección de los pacientes oncológicos y ha instado a los servicios de salud a reducir las demoras en los implantes de prótesis a mujeres que han sufrido un cáncer de mama para facilitar su incorporación social y laboral.

También ha subrayado que, a raíz de una recomendación del Defensor, el reciente real decreto de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo prevé la creación de un sistema extrajudicial para evitar que los afectados tuvieran que acudir a los tribunales.

En cuanto al ejercicio del derecho al voto, ha instado al Gobierno a agilizar el voto por correo desde el extranjero y a facilitar la participación de las personas con discapacidad en las elecciones.

El Defensor del Pueblo también ha recomendado la compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación con un trabajo remunerado para creadores y el Ejecutivo ha expresado su intención de modificar las normativas para hacerlo posible.

Dentro de la actividad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en 2016, se realizaron 101 visitas a centros de privación de libertad como dependencias policiales, centros de internamiento de extranjeros (CIE), centros de menores infractores, centros penitenciarios y operativos de repatriación de extranjeros.

El año pasado la institución atendió a 554.788 personas a través de sus diferentes canales de atención al ciudadano y, por primera vez, realizó encuestas y consultas sobre temas de interés en los que han participado 23.000 personas.

Las autonomías que presentaron un mayor número de quejas fueron Madrid (5.216), Andalucía (2.165), Cataluña (1.425) y la Comunidad Valenciana (1.375).

En el extremo opuesto, con un menor número de quejas, se situaron La Rioja (100), Navarra (156), Cantabria (196) y Baleares (282), además de las ciudades autónomas de Ceuta (43) y Melilla (83).

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