El Parlament aprueba la consulta soberanista en septiembre de 2017, con o sin aval del Estado

El TC apoya la acción penal contra Forcadell por desobediencia, pero no la suspende - El Supremo tramita el suplicatorio contra Homs

07.10.2016 | 02:08
Carme Forcadell, ayer en el Parlament. // Efe

El Parlament aprobó ayer, con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y la abstención de Catalunya Si Que Es Pot (CSQP), convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con o sin el aval del Estado, "como muy tarde" en septiembre de 2017.

Esta votación se produjo solo unas horas después de que el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo avalasen la acción penal por desobediencia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el diputado y exportavoz de la Generalitat, Francesc Homs, con dos iniciativas diferentes pero anunciadas al mismo tiempo.

En la segunda y última jornada del debate de política general en el Parlament, JxSí y la CUP sometieron a votación su propuesta de resolución sobre un referéndum "vinculante", en la que Catalunya Sí Que Es Pot -confluencia de Podem, ICV y EUiA- se abstuvo, mientras que Ciudadanos (C's), el PSC y el PPC renunciaron a votar en señal de protesta.

Desde Twitter, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se congratuló de la votación: "El Parlament ha aprobado referéndum o referéndum. Amplísima mayoría: 72 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra".

Pese a que la resolución evita la palabra "unilateral", deja claro que, "en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español", se mantendría igualmente el compromiso de celebrar el referéndum el próximo septiembre.

JxSí y la CUP también unió fuerzas para aprobar una resolución que prevé la convocatoria de unas "elecciones constituyentes" seis meses después del referéndum si el 'sí' a la independencia vence por más del 50% de los votos. El Parlament también aprobó crear un consejo asesor y una comisión de seguimiento para impulsar un "proceso constituyente".

Por la mañana, C's, el PSC y el PPC intentaron impedir que el pleno votara las resoluciones independentistas de JxSí y la CUP, al interpretar que contravienen el criterio del TC, pero la Mesa del Parlament rechazó sus argumentos y admitió su tramitación.

Mientras la Mesa debatía sobre la admisión a trámite de las resoluciones de JxSí y la CUP, el TC pedía al fiscal que exija "la responsabilidad penal" que corresponda a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por no acatar sus decisiones.

Forcadell, que en julio permitió votar, pese a las advertencias del TC, unas conclusiones sobre el proceso constituyente que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia, fue ovacionada por diputados soberanistas en el transcurso del pleno.

Antes del inicio del pleno, Forcadell hizo una declaración institucional en la que acusó al TC de obligarla a hacer el "trabajo sucio" como "censora" de las iniciativas parlamentarias y aseguró que "volvería a hacer" lo que hizo en julio: "No conseguirán detenernos ni atemorizarnos", proclamó.

Además de ratificarse la mayoría independentista de 72 diputados de JxSí y la CUP, en el pleno de ayer se visualizó una nueva mayoría de 83 parlamentarios, sumando los 11 de Catalunya Sí Que Es Pot, también a favor de un referéndum, aunque con matices.

JxSí sumó sus votos -la CUP se abstuvo- para aprobar una resolución de la confluencia de izquierdas que planteaba un referéndum con "reconocimiento previo" internacional y con efectos "jurídicos y políticos reales", como permitiría un acuerdo con el Estado.

El pleno aprobó, por otra parte, una resolución en la que "se ratifica" en todas las leyes que ha aprobado, "especialmente" en las tumbadas por el TC, como la que prohibía las corridas de toros en Cataluña, la ley antidesahucios o la ley de consultas.

Después de que el cerco judicial en torno a Artur Mas y los consellers que promovieron la consulta del 9N de 2014 se haya ido estrechando en los últimos días, el Parlament se ha comprometido a defender a "todos los cargos electos" que estén "amenazados" o "perseguidos" judicialmente por el proceso soberanista.

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