La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación para el expresidente del Gobierno andaluz, el socialista José Antonio Griñán, por malversación continuada y prevaricación en la gestión de fondos públicos destinados a desempleados. El fiscal solicita además diez años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación en el mismo caso.
Anticorrupción también pide penas de ocho años de cárcel para los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; seis años de prisión para la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y diez de inhabilitación a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Igualmente, la Fiscalía reclama que dieciocho de los procesados por delitos de malversación de caudales públicos en relación con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), entre ellos Griñán, devuelvan a la Hacienda Pública andaluza, de forma solidaria, 741,59 millones de euros. Esa cifra es el total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010.
Los socialistas andaluces salieron ayer en defensa de los que fueron dos de sus principales referentes políticos, a los que consideran "personas honestas que no se han enriquecido personalmente en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, como ha quedado demostrado tras una larga y compleja instrucción judicial".
Griñán y Chaves abandonaron su cargos públicos en el momento de la imputación por el Tribunal Supremo y dejaron de ser militantes del PSOE días antes de que en junio pasado fueran procesados por el caso de los ERE.
El PP cargó ayer contra el PSOE por lo que califican "el mayor caso de presunta corrupción de la democracia" y exigen a Pedro Sánchez, que no utilice los asuntos judiciales que acosan a los populares como excusa para mantener el bloqueo político del país.
El procedimiento en el que están incursos Griñán y Chaves es una de las piezas abiertas a raíz de una investigación de la Guardia Civil, que desveló un complejo sistema de concesión de ayudas millonarias por parte del Gobierno andaluz entre 2001 y 2010, que respondía a "decisiones discrecionales" en la gestión de planes de prejubilación de más de sesenta empresas. Esas ayudas beneficiaron a personas que no estaban afectadas por los ERE y no tenían derecho a percibirlas al carecer de relación con las empresas afectadas. El dinero público se entregó de forma indiscriminada y subjetiva, en base a decisiones personales, según reveló la investigación.
La acusación de la Fiscalía en este caso afecta a veintiséis ex altos cargos de la Junta de Andalucía, la mayoría relacionados con la Consejería de Empleo. La Fiscalía sostiene que la gestión de los fondos por los responsables de ese departamento "era conocida por el resto de los encausados", gracias a los informes de la Intervención, desde el año 2002 y a las auditorías realizadas por otros organismos.
