El Tribunal Constitucional (TC) decidió ayer por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Cataluña del pasado 27 de julio en la que se marcó la "hoja de ruta" hacia la independencia. Igualmente acordó dar 20 días a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, para que le informe de su actuación en el asunto, antes de proceder a actuar contra ella. El TC quiere que Forcadell explique si ha cumplido su sentencia del 2 de diciembre de 2015 y su auto del 19 de julio.
Se trata de un primer paso para una eventual adopción de medidas contra Forcadell, a la que además se advierte expresamente -al igual que al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán- sobre su responsabilidad, incluso penal, si ignora la suspensión acordada ayer.
La suspensión, decidida en una reunión de apenas hora y media, es consecuencia automática de la admisión a trámite del incidente de ejecución presentado por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado. De acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución, la suspensión -cuya vigencia es de cinco meses- deja sin efecto la resolución en la que el Parlament aprobó las conclusiones del "proceso constituyente", abriendo la puerta a una eventual declaración unilateral de independencia y desoyendo un aviso previo del TC.
La respuesta del Govern de la Generalitat y de los partidos que la apoyan ha sido inequívoca. El Presidente del Gobierno autónomo catalán escribió en Twitter: "Obedeceremos, ya lo creo. Obedeceremos al Parlament, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero". Puigdemont añadió que "obedecer a un Parlamento escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza".
El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà avanzó por el mismo sendero al afirmar: "Lo más importante es que nosotros nos mantendremos fieles al Parlament de Catalunya. Si hay que desacatar, desacataremos". Tardá también acusó al TC de haber optado "de forma desvergonzada por la vía autoritaria, por la vía de la violencia judicial".
Los anticapitalistas de la CUP anunciaron igualmente desacato y aseguraron que seguirán impulsando el proceso constituyente para construir una república catalana. La diputada de la CUP Mireia Vehí advirtió al TC de que no emprenda acciones contra Forcadell, ya que obligarían, dijo, a dar "una respuesta de país".
