El borrador constitucional encargado por el Parlamento de Cataluña niega la oficialidad al castellano. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, recibió ayer el texto, elaborado por profesionales de distintos ámbitos, en el que sólo se reconoce como lenguas oficiales de un hipotético Estado independiente el catalán y el aranés, que se habla en el Valle de Arán, comarca que tendría "derecho a la libre determinación".
En el articulado, se indica que Cataluña se constituye como "un Estado libre, soberano, democrático, social, ecológico y de derechos" en forma de "república ciudadana y participativa", con un presidente que sería jefe de Estado y de Gobierno, elegido en las urnas cada cinco años y con un máximo de dos mandatos. El parlamento sería unicameral y se prevé la posibilidad de la doble nacionalidad española y catalana.
En cuanto al castellano, tendría "un estatus jurídico especial, como patrimonio cultural y de cohesión que hay que respetar, garantizar y proteger". Un estatus por definir en una eventual ley que, según los redactores del borrador, tendría que proteger el uso del castellano, incluso en la interlocución con la administración.
En el borrador no varían los símbolos ni la capitalidad que recoge el Estatut, mientras que, en cuanto a la "nacionalidad catalana", el texto señala que se adquiriría "por nacimiento, filiación, adopción, matrimonio, residencia o por opción".
El borrador no alude a un eventual ejército catalán, pero sí habla de una Agencia Nacional de Seguridad y Defensa. La supuesta república basaría su sistema económico en el libre mercado, regulado con criterios sociales y ecológicos, y tendría un banco central.
Entre tanto, se mantiene el tira y afloja entre la CDC del presidente Puigdemont y sus socios de ERC, que pretenden que el proyecto de ley de Presupuestos eleve la presión fiscal a las rentas más altas. Mientras Puigdemont descartó el martes esa subida, el tándem electoral de ERC para el 26-J, Gabriel Rufián y Joan Tardà, resaltaron ayer en un artículo que el Govern "tiene la obligación" de estudiarla y de rebajar impuestos a las clases medias y bajas. En opinión de Rufián y Tardà, "la inmensa mayoría" de catalanes soporta "una presión fiscal claramente por encima de la media española y un nivel de inversión pública muy por debajo". En cambio, las rentas de más de 110.000 euros están sometidas a una presión "por debajo de la media española".
