La directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, anunció ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), hecha pública el jueves, que anula parte del protocolo de usos lingüísticos en el sector público de Cataluña no será acatada por la Generalitat, que no modificará su política lingüística. Según Franquesa, los funcionarios continuarán atendiendo al público en catalán y prevalecerá el derecho del ciudadano a utilizar la lengua que quiera. "Es una sentencia política", resumió.
