Barberá cargó al ayuntamiento más de 2.000 euros por acudir al funeral de Fraga

La Generalitat denunciará al cuñado de la exalcaldesa por amenazas sexistas

12.02.2016 | 15:24
Rita Barberá. // Reuters

El Ayuntamiento de Valencia remitió a la Fiscalía Anticorrupción un informe ampliado sobre los gastos de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá entre 2009 y 2015, relativos a viajes, comidas en restaurantes, regalos y alojamientos que había solicitado el ministerio público dentro de la investigación que lleva a cabo tras la denuncia presentada en mayo pasado por Compromis por presuntas irregularidades y dispendios cargados a la alcaldía en lo que se ha denominado "Ritaleaks".

Entre los gastos que certifica Compromís en la web con un apartado bautizado como 'Ritaleaks' figura un desplazamiento a Santiago de Compostela de Barberá como alcaldesa con fecha de 20 de enero de 2012 --el funeral del expresidente Manuel Fraga fue al día siguiente, el 21 de enero--, con gastos de hotel y billetes de avión para ella y su escolta que ascienden a 2.323,44 euros.

En concreto, figuran dos billetes de avión de 967,22 y 931,22 euros, respectivamente, y dos habitaciones en el Hostal de los Reyes Católicos de 250 y 175 euros.

Asimismo, la Consellería de Igualdad e Inclusión Social del Gobierno valenciano denunciará ante Fiscalía al cuñado de la exalcaldesa, el abogado José María Corbín, por la posible comisión de un "delito de odio". Corbín, marido de la hermana de Rita Barberá, declaró el miércoles sobre la posibilidad de que su esposa hubiera participado en el blanqueo de dinero del que se acusa a los concejales del PP: "Permitidme la licencia, si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros (al PP), la corro a bofetadas. Ni los ha dado ni se los ha pedido nadie, porque mi mujer no es del PP, es funcionaria de carrera", dijo Corbín.

Además, el diputado de Podemos y juez en excedencia, Juan Pedro Yllanes, propuso que se plantee "seriamente" si en el caso del PP de Valencia "sería de recibo" aplicar la ley de partidos, que prevé la disolución de una fuerza política cuando es investigada por asociación criminal.

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