El ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordó ayer que cualquier agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tenga conocimiento de la comisión de un delito "tiene la obligación directa e inmediata de ponerlo en conocimiento de los jueces" y "no hay vías administrativas intermedias".
Catalá se pronunció así sobre la orden del comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, que ha pedido a los agentes que le remitan a él los informes sobre posibles delitos de sedición en que puedan incurrir las autoridades catalanas antes de enviarlos a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El ministro recalcó que los agentes no pueden recibir de ningún mando "una orden contraria a la legalidad", y dejó claro que la orden "puede significar una coordinación interna pero no un filtro o una limitación de que se ponga en conocimiento de los tribunales cualquier delito que se pueda cometer en España".
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que debe "pensar bien" de la orden de Trapero y confió en que sea para "ser más eficaz" y no para "controlar" esas denuncias.
El consejero catalán de Interior, Jordi Jané, garantizó que la orden del comisario jefe de los Mossos no busca frenar ni censurar investigaciones y la atribuyó al deseo de "coordinar bien" su trabajo, "dar seguridad jurídica" a los agentes y cumplir "con el principio jerárquico".
